La crisis sanitaria, la paralización económica y una incertidumbre extrema han impactado violentamente en la sociedad y en el tejido productivo, provocando una destrucción de empleo sin precedentes y como consecuencia la extensión de la pobreza.
Según la EPA, en el segundo trimestre del año se destruyeron 43.200 puestos de trabajo netos en el conjunto de Hego Euskal Herria, un total de 32.900 trabajaban por cuenta ajena y 23.500 tenían un empleo asalariado de carácter temporal.
Además, al zarpazo sufrido por el empleo hay que añadir la utilización masiva de ERTEs. En los momentos más duros se alcanzó un pico máximo de 202.630 personas en regulación temporal de empleo que también han visto reducidos sus ingresos salariales.
Este mecanismo ha permitido amortiguar el primer golpe y evitar una mayor sangría de empleo. No obstante, a finales de junio todavía había alrededor de 87.140 trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTE cuya vuelta al trabajo aún es una incógnita.
Asimismo, cabe destacar que el paro juvenil se ha disparado al 31,6% (diez puntos por encima del trimestre anterior) después de que la ocupación entre la población joven menor de 25 años se haya reducido en 8.500 personas, lo que supone un 16,7% menos que en el trimestre anterior y un 27,4% menos que hace un año.
Una vez más comprobamos que los efectos de la crisis sacuden con mayor dureza a la juventud y a los colectivos más precarios y peor remunerados, precisamente por sus condiciones de mayor explotación y vulnerabilidad.
Por otro lado, ha pasado poco más de un mes desde que terminó la vigencia del estado de alarma y la retórica del “que nadie se quede atrás” ha dado paso a declaraciones completamente alineadas con los intereses de la clase empresarial.
Al igual que en la crisis de 2008, la consejera en funciones, Arantxa Tapia, anima a reducir los salarios como terapia de choque.
En estas circunstancias existe el peligro real de que las políticas públicas y la actitud de la patronal se coaliguen con el objetivo de repetir errores del pasado; un camino conocido que solo conduce a agravar los problemas estructurales que ya padecíamos antes de la pandemia: las desigualdades salariales y la precariedad laboral.
Por tanto, el mantenimiento de los empleos y de los salarios deben formar parte de una misma lucha.