LAB afirma que el la ley aprobada por el Consejo de Ministros del estado es totalmente insuficiente y no garantiza los derechos laborales de las trabajadoras de plataformas digitales. Todo lo contrario, deja las puertas abiertas a que las empresas digitales de reparto a domicilio busquen otras vías para seguir explotando y precarizando a los y las riders.
No debemos olvidar que el modelo implementado en el reparto a domicilio mediante plataformas digitales es la punta del iceberg de toda una estrategia del capital. Es por ello que una regulación de estas características no se puede limitar a los y las riders, sino que tiene que abarcar al conjunto de las falsas autónomas y atajar de raíz la lacra de la subcontratación. Establecer excepciones o regulaciones “ad hoc” no hace más que debilitar la aplicación general de los derechos laborales.
Por otro lado, la ley no ataca de raíz el núcleo del modelo de este tipo de empresas: el algoritmo y su aplicación en el proceso productivo. Siendo cierto que se hace mención a que las y los trabajadores deberán de tener información de las reglas que establecen los algoritmos en cuanto a la afección a las condiciones laborales, no se establece ningún mecanismo de control público sobre los mismos. El conocimiento y registro público de los algoritmos es indispensable para controlar la actividad de estas empresas.
Tras la Sentencia del Tribunal Supremo, así como los informes de Inspección de Trabajo y sobre todo, las luchas llevadas a cabo por las trabajadoras, es inconcebible cerrar en falso todo el proceso de lucha. Es más importante que nunca recordar que todo el proceso de lucha ha sido gracias a la autoorganización de las trabajadoras junto con los sindicatos alternativos de todo el estado, donde LAB ha estado presente.
A día de hoy estamos organizadas en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, colaborando activamente con inspección de Trabajo, representando a las plantillas en los macro juicios de Bilbo e Iruña, creando secciones sindicales. Ya es hora que desde Euskal Herria se atiendan a las necesidades de este sector y dotarlo de un marco jurídico en el que regirse en adelante. Desde LAB, y en el caso de Bizkaia, ya en noviembre propusimos la inclusión de los y las repartidores en la Categoría III del Convenio de Hostelería de Bizkaia (1.419,06 euros en 15 pagas) y garantizamos seguir trabajando en este sentido.
En ese sentido, es urgente abogar por acabar con el fraude de las y los falsos autónomos y la subcontratación en toda su dimensión, crear un registro con control público de las herramientas digitales y establecer un marco y código de relaciones laborales propio para caminar en ese sentido. Mediante la organización, la lucha colectiva y la unión del sector es posible mejorar las condiciones laborales de los y las riders mediante la negociacion en Euskal Herria.