Los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre de 2012 confirman los efectos del progresivo deterioro de la actividad económica y elevan las cifras de paro hasta cotas históricas.
A pesar de que el inicio de la campaña estival suele ser una época propicia para estimular la reactivación económica (siquiera de forma coyuntural), este año la destrucción de empleo no ha concedido tregua. Entre abril y junio se han perdido 5.400 puestos de trabajo en el conjunto de Hego Euskal Herria, y hay 11.600 personas más en paro que en el trimestre anterior.
A la actual situación de debilidad económica, lógica después de cuatro años de crisis y una doble recesión, se suman también las secuelas de la reforma laboral y de los fuertes recortes salariales y sociales. Esta peligrosa combinación de factores negativos amenaza con frustrar todo atisbo de recuperación económica.
Precisamente, uno de los objetivos más nocivos que perseguía la reforma laboral era facilitar y abaratar el despido, y a la vista de las cifras récord alcanzadas por la rescisión de contratos podemos asegurar que ha logrado un completo “éxito”. Pero las dramáticas consecuencias de dicha reforma pesan como una insoportable losa sobre la clase trabajadora.
Por otro lado, los ajustes presupuestarios, el desmantelamiento gradual de los servicios públicos y las medidas de recorte social provocarán la intensificación de la crisis y un recrudecimiento de la destrucción de empleo.
En la actualidad hay más de 202.000 personas desempleadas en Hego Euskal Herria, lo que supone un 24,6% más que hace un año. Por tanto, es urgente detener la sangría de empleo. Y para ello será determinante nivel de contestación y rechazo que seamos capaces de organizar contra la aplicación de los recortes del PP.
Por esa razón, nuestra prioridad hasta la huelga general del 26 de septiembre será trabajar en la mayor acumulación de fuerzas posible contra las agresiones de Madrid, para responder a las mismas en clave de país y en favor de una política económica alternativa que tenga como pilares básicos la defensa del empleo y el reparto del trabajo, la justicia fiscal y el reparto de la riqueza, así como el fortalecimiento de los servicios públicos y los derechos sociales.