Una persona trabajadora del ayuntamiento de Laudio despedida por no cumplir el perfil lingüístico exigido para su puesto de trabajo ha acudido a los juzgados. Necesitaba el tercer perfil lingüístico para desempeñar su puesto de trabajo, y mientras permaneció contratada, durante ocho años, sólo presentó el primer perfil lingüístico. Para nuestra sorpresa, la jueza Ana María Martinez Navas, del juzgado contencioso administrativo número 3 de Gasteiz, ha obligado al Ayuntamiento a volver a contratarla.
Y nos ha indignado aún más el argumento de la jueza: que el euskara es muy difícil. La quinta lengua más difícil del mundo, concretamente. Para llegar a esta conclusión, la investigación realizada por la jueza todavía es más irritante; un copia-pega de varias afirmaciones de internet de muy dudosa fiabilidad para crear su teoría. Literalmente.
Cuando se han dado todas las opciones para que los y las empleadas municipales aprendan euskara, decir lo que ha dicho esta jueza,no se puede entender si no es desde un odio natural contra el euskara. La obligación de la administración es garantizar la cooficialidad de los idiomas y sólo las personas trabajadoras bilingües son capaces de garantizar dicha obligación.
Pero detrás de todo ello hay un problema más grave y estructural. Han pasado 40 años desde la aprobación de aquella ley para la normalización del euskara, y todavía es decepcionante que en el año 2022 suframos este tipo de agresiones.
El euskara no tiene ningún blindaje legal y, como en este caso, cualquier resolución judicial, cualquier interés particular, tira por tierra el trabajo realizado por un ayuntamiento y sus personas empleadas públicas para garantizar el derecho de la ciudadanía a expresarse en su lengua y prestar un servicio público digno.
Es más que una medida contra el euskara, es una decisión contra la comunidad que queremos vivir en euskara, es un ataque contra la autonomía de los ayuntamientos, es una injerencia, es una sentencia contra la convivencia, porque es una decisión contra la igualdad de las diferentes comunidades.
Estamos ante una involución Legal. La interpretación de la legislación es cada vez más estrecha y contraria al euskara. Necesitamos blindaje legal, un acuerdo amplio y una ley propia que lo avale. Hasta conseguirlo, seguiremos sufriendo estos ataques contra el derecho a hablar en nuestra lengua.
El Ayuntamiento de Laudio ha recurrido la sentencia. Esperamos que esta resolución no tenga más recorrido jurídico.
Desde LAB, como representantes de los y las trabajadores y trabajadoras vascas, nos mostraremos firmes contra estas decisiones utilizando todas las herramientas de denuncia de las que disponemos.