Resulta especialmente preocupantes las circunstancias por las que atraviesan los 50.000 hogares cuyas personas están todas en paro. Sobre todo, a la vista de la constante disminución de la protección por desempleo.
Según la información proporcionada por Lanbide, tan sólo una de cada tres personas registrada como parada en las oficinas del servicio público de empleo recibe algún tipo de prestación por desempleo.
Por otro lado, alrededor de 205.000 personas asalariadas tienen una relación laboral de carácter temporal o están sin contrato. Por lo tanto, concluimos que hay más de 334.000 personas obligadas a sobrevivir entre la precariedad y el desempleo, con el agravante de que cada vez son más numerosas situaciones de paro de larga duración.
En definitiva, la crisis de precariedad y el incremento de las desigualdades confirman que los beneficios de la reactivación económica no se están trasladando a la mayoría social de forma justa y equitativa.