Los agentes que integramos la acusación del caso Kutxabank (LAB, ESK, Steilas, EHNE, Hiru, EKA y Euskal Herriko Pentsiodunen Plataformak) hemos comparecido hoy en Bilbo para valorar las últimas decisiones judiciales relacionados con el proceso.
La acusación popular muestra su satisfacción por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los imputados del caso Cabieces
El martes de la semana pasada conocimos la sentencia del Tribunal Supremo del caso Cabieces-Kutxabank, que desestima el recurso de casación interpuesto por los acusados Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alkorta contra la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
La Sentencia desestima todas las alegaciones presentadas por los demandantes y ratifica la sentencia del TSJPV que condenaba por apropiación indebida a Mario Fernández, Rafael Alcorta y Mikel Cabieces.
En esta ocasión y asumiendo la petición fiscal, a la que esta acusación popular se adhirió, la sentencia añade a la condena inicial la inhabilitación a Mario Fernández para ocupar cargo de administrador en sociedades mercantiles y para el ejercicio del comercio durante el tiempo privativo de libertad, así como al pago de las costas ocasionadas por dicho recurso de casación, manteniendo el resto de pronunciamientos de la sentencia impugnada.
En esta sentencia, el Tribunal Supremo vuelve a dar la razón a esta acusación popular. Los condenados cometieron delito de apropiación indebida, con el fin de que Mikel Cabieces recibiera de Kutxabank una prestación económica de más de 5.000 euros mensuales sin realizar trabajo alguno para dicha entidad.
Para esta acusación popular, es igualmente sorprendente que quienes cometieron este delito y sus defensas consideren que lo realizado por ellos era normal y habitual, y que por lo tanto, sus actuaciones no deban ser penalmente punibles.
La forma de actuar de estas personas condenadas no hace sino ratificarnos en que los procesos de privatización en general, y de Kutxabank en particular, han sido el caldo de cultivo para este tipo de tratos de favor y que los mismos, han tenido un impulso político, tal y como se recoge en la sentencia.
Nos reafirmamos en que, el delito cometido y su impulso político no es más que una manifestación de un fraude gigantesco cometido contra las personas ahorradoras vascas, que depositaron sus ahorros en una entidad de carácter público hoy privatizada, y sobre la cuál han perdido todo tipo de control.
La condena a estas personas que se apropiaron de fondos públicos para sus propios intereses, ha sido posible por al trabajo de las organizaciones sociales y sindicales que decidimos personarnos en la causa como Acusación Popular. Sin nuestra participación activa solicitando pruebas y testigos, la sentencia hoy condenatoria no hubiese sido posible.
Hemos escuchado las declaraciones de Mario Fernández diciendo que ha presentado su dimisión del cargo de vocal del consejo de administración de Repsol, como si lo hubiese hecho por su propia voluntad, y como si nada tuviese que ver con la pena de inhabilitación de su condena. Nosotras creemos que ya le ha costado dimitir, y que nunca debería haber aceptado dicho nombramiento.
Estamos muy satisfechas con la labor jurídica y denuncia política que esta acusación popular ha realizado, así como de nuestro recorrido. Hemos contribuido a destapar un fraude y hemos conseguido que se condene a los autores materiales del mismo. Con esta sentencia en la mano, interpelamos a los responsables políticos a dar la cara y asumir sus responsabilidades.