Isabel Artieda (LAB): «Con el diálogo social, las condiciones de vida de la mayoría trabajadora se han deteriorado»

“Con el diálogo social, las condiciones de vida de la mayoría trabajadora se han deteriorado”

La posición de los agentes políticos y sindicales sobre la cuestión de la concertación social en Navarra está condicionada por intereses de diferente índole. En numerosas ocasiones, da la sensación de que la defensa del modelo de concertación o diálogo social se basa en apreciaciones de parte; es decir, se justifica no en base a una argumentación objetiva, sino en base a intereses corporativos. Evidentemente, LAB tiene su propia posición sobre el asunto, pero hoy nos gustaría instar a los Grupos Parlamentarios a abordar esta cuestión desde el punto de vista del interés general de la población navarra.

Desde este punto de vista, habría que responder a dos cuestiones:

La primera: ¿El modelo concertación social establecido en Navarra favorece a la población navarra?

La segunda: ¿El modelo de conertación social establecido es compatible con los criterios de imparcialidad, igualdad, transparencia y efectividad que debería guiar toda política pública?

Respecto a la primera pregunta, es decir, si el diálogo o concertación social ha favorecido a la población navarra, no hay más que comparar los datos de 1995, cuando se pone en marcha la política de concertación social, y los actuales.

-Hoy hay más paro que en 1995.

1995- 11,7%
2013- 18,32%

-El despido es hoy más fácil y barato que en 1995

1995- La mayoría de los despidos son calificados de improcedentes en los juzgados, con una indemnización de 45 días por año trabajado.
2013- Tras varias reformas laborales, la mayoría de los despidos son calificados como objetivos, con una indemnización de 20 días por año trabajado.

-La clase trabajadora es más pobre: recibe un porcentaje menor del Producto Interior Bruto

1995- 44,4% del PIB para 165.132 personas asalariadas
2013- 40,7% del PIB para 222.743 personas asalariadas

-La población navarra debe trabajar más años y hasta más tarde, para cobrar una pensión menor

1995- Jubilación a los 65, con vías para prejubilación.
2013- Jubilación a los 67, ampliación del periodo de cotización, reducción en un 20% de las pensiones, limitación a las prejubilaciones.

-Los Servicios públicos han empeorado como consecuencia de la política de recortes.

1995- La población navarra estaba orgullosa de su Sanidad y Educación.

2013- En Educación han aumentado los ratios, las horas lectivas, disminuido los profesores. En Sanidad han disminuido los profesionales y aumentado las listas de espera.

En vista de estos datos objetivos, resulta evidente que la situación de la población navarra ha empeorado notablemente. Por lo tanto, el balance de las políticas públicas en materia laboral y social, así como la política de concertación social en particular, es muy negativo.

Los defensores del modelo de concertación social tendrán respuesta para ello. Seguramente dirán que los malos datos económicos y sociales son consecuencia de una crisis mundial que no tiene que ver con las políticas que se hacen en Navarra. Sin embargo, debemos hacer notar que la riqueza producida en Navarra ha aumentado de forma notable entre 1995 y 2013. El último dato oficial que ofrece el Gobierno de Navarra con la inflación corregida se refiere al año 2000. Entre este año y el 2012 el PIB real se ha incrementado en un 23%.

La cuestión es que la patronal navarra ha incrementado el porcentaje del PIB que se apropia, del 46,1% del PIB de 1995 al 49,6% en la actualidad. Hoy hay más trabajadores y trabajadoras, y menos empresarios que hace 18 años; sin embargo, el trozo de tarta que se lleva la minoría patronal ha crecido.

Pasemos a la segunda pregunta, a saber: ¿El modelo de concertación social establecido es compatible con los criterios de imparcialidad, igualdad, transparencia y efectividad que debería guiar toda política pública?

Nosotras queremos proponer a los señores y señoras parlamentarias que se imaginen un país donde los dos partidos políticos mayoritarios tienen sendas empresas para adjudicar las viviendas de protección oficial, construidas con fondos públicos, a las personas que se afilien al partido: nadie dudaría en afirmar que la democracia, en ese país en cuestión, está adulterada y manipulada.

Del mismo modo, en Navarra no admitiríamos que en vez de la sociedad pública VINSA, las viviendas de protección oficial fueran repartidas por empresas dependienes de UPN y PSN, que fueron los dos partidos mayoritarios en las anteriores elecciones. Pero sorprendentemente, se da por bueno en el ámbito sindical aquello que se consideraría inadmisible en política: el clientelismo. Convenientemente disfrazado con otro término menos vergonzante: la cogestión.

Y es que, precisamente, la gestión de la formación laboral y de otras materias laborales es privatizada y transferida a CEN, UGT y CCOO con la justificación de que se trata de la patronal y los sindicatos mayoritarios. Esta transferencia de políticas públicas a entes privados que se aprovechan de su privilegiada posición para perpetuar su condición de patronal o sindicato mayoritario es ética y políticamente inaceptable.

Patronal, UGT y CCOO se pueden reunir y llegar a acuerdos cuando, donde y como les plazca, faltaría más. Lo que no es admisible es que las políticas públicas se dejen en sus manos.
Nosotros no pedimos entrar en el club de la concertación social para montar nuestro propio chiringuito de formación laboral. Nosotros y nosotras pedimos que las políticas públicas referentes a la formación laboral se desarrollen desde el sector público.

Esto que decimos de palabra lo hemos demostrado con hechos. En la CAV, donde los sindicatos aquí denominados mayoritarios son una minoría, se estableció un modelo público de formación laboral, desde la red de centros públicos de formación profesional. Esto fue así hasta que el Gobierno español abortó aquella iniciativa negando la gestión de los fondos de formación al sistema público vasco Hobetuz.

Así pues, consideramos que Navarra debe desarrollar un modelo público de formación y defender ante el Gobierno español su derecho a gestionar los fondos de formación tal y como establezca. Esta misma premisa se debería de aplicar en otros ámbitos también transferidos a Patronal, UGT y CCOO.