LEY DE MUTUAS
Otro derecho robado
La lista de las reformas impuestas por los Gobiernos parece no tener fin. Después de la reforma laboral y la de la negociación colectiva se ha aprobado el “Anteproyecto de Ley por la que se Modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social” conocida como el Anteproyecto de la Ley de Mutuas con una clara intención, la del empoderamiento de estas asociaciones de empresarios que son las mutuas y la privatización del sistema público, tanto a nivel asistencial como de gestión.
Con esta nueva reforma, los Gobiernos quieren dar un paso más en el camino emprendido en la década de los ‘90. Bajo la excusa de la coyuntura económica, del fraude en la utilización y duración de las bajas (el cual nunca ha sido realmente cuantificado), quieren descapitalizar lo público y regalarle el negocio al ámbito privado, también en un tema básico como es la salud.
Para justificarlo se ha utilizado un estudio realizado por la agencia de empleo temporal Adecco que asegura que cada trabajador o trabajadora pierde en el Estado Español una media de 11,4 días de trabajo al año por absentismo tanto justificado como injustificado. La cifra facilitada engloba las horas perdidas por incapacidad temporal, las vacaciones, los festivos, y hasta «las causas de fuerza mayor», las cuales en principio no debían incluirse en eso que denominan “absentismo injustificado” (que es lo que afirman querer reducir), pero haciéndolo así los datos son superiores a los 8,4 días de Finlandia, los 7 de Dinamarca, los 6,8 de Canadá o los 4,9 días de EE. UU.
Graves consecuencias
En el Anteproyecto de la Ley de Mutuas cambian la denominación de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social por mutuas de la Seguridad Social, lo cual no supone únicamente un cambio semántico, sino que se trata en realidad de una reforma de calado, ya que de manera clara se marca el camino para que las mutuas patronales vayan ganando mayores competencias en la asistencia y gestión para la concesión, gestión y extinción de las diferentes prestaciones del sistema de la Seguridad Social y, principalmente, en las derivadas de contingencias comunes.
El próximo cambio normativo traerá importantes cambios: la duración del convenio con una mutua pasará de 1 año a 3; las mutuas podrán citar a las personas trabajadoras desde el primer día de baja cuando antes lo podían hacer a partir del día 16 de baja y podrán tener acceso a nuestros informes si firman convenios con Osasunbidea u Osakidetza. Todo esto va a suponer un mayor poder para estas asociaciones de empresarios, puesto que prácticamente van a tener la posibilidad de dar altas. Así mismo, van a poder obligar a hacerse reconocimientos en contingencias comunes que luego las mutuas cobrarán a Osakidetza y Osasunbidea, lo que supone financiar sanidad privada con dinero público y destruir la universalidad del sistema público de salud. También van a poder dar altas económicas y sanciones por no acudir a una cita. Además en el propio anteproyecto se deja la puerta abierta a futuras reformas.
Este anteproyecto normativo va a suponer: la centralización y el robo de competencias al sistema sanitario público y a sus inspecciones médicas, en otras palabras, la privatización de la sanidad pública; la dualización del sistema sanitario —uno de gestión privada y el otro público, descapitalizado, más cercano a la beneficencia—; la financiación de ese sistema privado con fondos públicos; el empoderamiento total de las mutuas empresariales; la falta de control real de las sus actividades…
Público, universal, participativo
En definitiva, podemos decir que el modelo actual que tenemos y las constantes reformas realizadas, y las que están por venir, van hacia el camino equivocado. Se ahonda en el desmantelamiento del sistema público, avanzamos hacia un modelo centralista, privado y economicista de la salud, financiado con dinero público, que dualiza el sistema y en el que se les va a dar todo el poder a esas asociaciones de empresarios que son las mutuas. Todo ello sin ningún control, sin perseguir el fraude en el registro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo y con la excusa de que la gestión “privada” es mejor que la pública.
Es por lo que en los próximos meses vamos a desarrollar un trabajo centrado en la acción sindical para responder a estos ataques. El mismo se va a basar en informar, formar y denunciar las pretensiones de estos cambios normativos y lo que pueden suponer en la práctica en referencia a la salud y la vida de la clase trabajadora y de la población en general. LAB quiere reafirmar su compromiso en el impulso y la creación del Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Protección Social, para que aquí podamos decidir qué modelo queremos, en definitiva un modelo público, universal, participativo, libre de mutuas, de atención integral, donde la salud de la clase trabajadora sea un derecho en sí mismo y no esté condicionada por factores económicos, sino únicamente por criterios de salud.