LAB ha presentado al PNV la Agenda Sociolaboral a tener en cuenta en las negociaciones de cara a la investidura y la próxima legislatura del Gobierno español, con el objetivo de que se garantice el derecho de las y los trabajadores vascos a poder decidir y negociar aquí los salarios y las condiciones de vida, sin ninguna injerencia. Hace unos días el sindicato trasladó la misma propuesta a EH Bildu.
El documento presentado por LAB en la reunión, titulado Aportación de LAB al cambio social y político, puede consultarse a continuación:
LAB ha pedido al PNV que blinde la negociación colectiva local y dé pasos hacia un sistema de pensiones propio. En la reunión, las y los representantes sindicales han situado entre sus prioridades que los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Función Pública puedan decidirse aquí. Al mismo tiempo, señalan que para un Gobierno, así como para un partido que defiende el autogobierno, las limitaciones derivadas del Estado español no deberían servir de excusa para dar la espalda a las reivindicaciones de las empleadas y de los empleados públicos. En este sentido, LAB ha pedido directamente al PNV que dé paso a las reivindicaciones de las huelgas convocadas para el 25 de octubre y el 19 de diciembre, ya que se trata de una cuestión de voluntad política.
En la reunión que LAB y PNV han mantenido hoy en Bilbao se ha hablado del escenario político tanto en Hego Euskal Herria como a nivel estatal. La delegación que ha asistido a la reunión por parte de LAB ha estado encabezada por la coordinadora general Garbiñe Aranburu, y la del partido jeltzale por Andoni Ortuzar.
Hay que crear desde y para Euskal Herria un nuevo modelo de relaciones laborales y de protección social que garantice a la gente trabajadora unas condiciones laborales y de vida dignas. Y para poder desarrollar ese recorrido es necesario trabajar en Madrid para superar las limitaciones impuestas por el Estado. Desde esta perspectiva, LAB ha puesto sobre la mesa dos grandes prioridades.
La primera de ellas sería desarrollar un Código Laboral Vasco que sustituya al Estatuto de los Trabajadores español, que permita acabar con la estatalización de las relaciones laborales y dar respuesta a la necesidad de blindar el marco de negociación colectiva en el mismo. Para ello, es necesario garantizar la prioridad de los convenios a nivel de herrialde y comunidad autónoma sobre los del Estado, dejando sin efecto la modificación legislativa realizada en 2012 por el Gobierno de Zapatero. En la CAV todos los agentes coincidimos en ello, como demuestra el acuerdo interprofesional firmado entre sindicatos y patronal. La clave es respetar lo que se negocia y se acuerda en Euskal Herria.
Además de incidir en Madrid para superar los límites que se imponen desde el Estado, LAB ha señalado que lo que no se puede conseguir en el Estado debe hacerse posible en Euskal Herria. Además, ha recordado que solamente hace falta voluntad política para dar una respuesta adecuada a las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Y ha pedido esa misma voluntad para cambiar la situación del personal de Función Pública. LAB ha trasladado al PNV la necesidad de eliminar las limitaciones impuestas al desarrollo de los servicios públicos a partir de 2008, al tiempo que ha considerado necesario que las tasas salariales y/o de reposición de las y los empleados públicos no estén reguladas por los Presupuestos del Estado. En otras palabras, LAB exige que la CAV debe disponer de la competencia para regular la Función Pública, y así se lo ha trasladado al PNV. En la Función Pública vasca hay convocadas dos jornadas de huelga para denunciar precisamente el declive de los servicios públicos y mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos.
Además de los trabajadores y trabajadoras de la función pública, el sindicato ha destacado la importancia de garantizar el derecho a la negociación colectiva de las trabajadoras del hogar y de las y los trabajadores que trabajan como riders en tareas de reparto, así como de posibilitar convenios a nivel de comunidad autónoma.
Finalmente, siendo otra de sus prioridades, LAB ha reivindicado la transferencia de la gestión de la seguridad social prevista en el Estatuto de la CAV (y que también reivindica para Nafarroa Garaia) y la posibilidad de crear un sistema público complementario que garantice una pensón mínima de 1.080 euros. Con ello, además de mejorar las condiciones de vida de miles de pensionistas, se puede establecer un campo base para la creación de la futura Seguridad Social Vasca.