Tras analizar el material enviado al Consejo Escolar, LAB exige que dejen a una lado ese proyecto, basándose en las siguientes razones:
1. La unidad didáctica se basa en una falsedad. Al parecer, su objetivo es analizar el periodo histórico que va desde 1960 a 2018 pero no se hace nada así. Numerosos acotencimientos de esa periodo solo se mencionan por encima: la segunda industrialización, la nueva ola del movimiento obrero, el euskara batua, Ez Dok Amairu y un largo etcétera. La unidad didáctica profundiza en la actividad armada de ETA y en un segundo nivel, hace un relato excesivamente limitado de la violencia de grupos parapoliciales y del estado. En definitiva, y más que trabajar un periodo histórico, en realidad la unidad didáctica responde a un objetivo establecido por la LOMCE, esto es, a la “deslegitimación del terrorismo”. Por lo tanto, no es un resultado de una reflexión ética e histórica hecha desde Euskal Herria, sino un ejercicio de adecuar el nuevo catecismo establecido por un Gobierno del PP.
2. Los representantes sociales no han (hemos) sido capaces hasta la fecha de construir un suelo común que recoja los diferentes relatos sobre el conflicto armado que ha vivido Euskal Herria. Además, podríamos decir que son quienes se consideran como “vencedores” quienes no han realizado ningún esfuerzo por tender puentes. Y teniendo en cuenta ese déficit, lleva a las aulas un determinado relato (más concretamente “el de los vencedores”) nos parece una enorme irresponsabilidad.
3. Se habla del periodo entre 1960 y 2018 como si fuera un periodo histórico cerrado. Es mismo concepto de hacer y enseñar historia sobre un periodo tan cercano en el tiempo resulta dudoso, ya que no hay suficiente perspectiva histórica para ello. Además, ese periodo histórico no se encuentra cerrado, ya que las consecuencias del conflicto no se encuentra ni solucionadas ni en vías de solución: cientos de presos y presas están dispersadas y bajo una legislación de excepción; el Gobierno de España no ha hecho ninguna reflexión sobre el daño causado; las personas torturadas y las muertas por el Estado son tomadas como víctimas de segunda. El hecho de que en las visitas a los centros participen algunas de las víctimas del Estado no soluciona el problema. ¿Qué sentirá un niño o niña de la mochila si en clase le hablan sobre el conflicto como si fuera un periodo histórico cerrado? ¿Y la hija o el hijo de una personas torturada o no reconocida como víctima?
Parece ser que la unidad didáctica se basa en una perspectiva ética, pero puede crear situaciones totalmente injustas en las aulas.
Con todo esto no queremos afirmar que en el ámbito educativo no haya que dar pasos en lo que respecta al conflicto. Es más, la comunidad educativa puede realizar una notable aportación en la dirección de la memoria y la convivencia, sin estar esperando a los pasos que se pudieran dar en el ámbito político.
Pero para ello se necesitaría un amplio y profundo trabajo en el seno de la comunidad educativa. En definitiva en la comunidad educativa en general y más concretamente entre educadores y educadoras, hay personas que tienen vivencias y relatos muy diferentes. El Departamento de Educación tendría que poner en marcha un diálogo entre todos y todas ellas, para construir puentes y llevar a cabo un ejercicio sincero. El material educativo que se crearía como resultado de este proceso (que superaría los límites de la asignatura de Historia por las razones anteriormente señaladas), sí que tendría valor educativo.
En su lugar, el Gobierno Vasco ha reunido a un grupo de expertos y expertas y ha presentado un material cerrado al Consejo Escolar, otorgando un limitado plazo de tres semanas para realizar aportaciones. Las cosas no se hacen así y menos en un tema que ha causado tanto dolor y división en la sociedad vasca.