Tal y como habíamos advertido amargamente, la situación de los servicios sociales en Hego Euskal Herria ha superado el calificativo de extremadamente grave.
Esta situación tiene su origen en el modelo de cuidados de responsabilidad pública pero de gestión privada, por el cual, las administraciones se desentienden de sus propias obligaciones, rehuyendo del tutelaje respecto de las condiciones en las que se prestan los servicios, de la calidad de los mismos y transfiriendo estas funciones así como importantes fondos públicos a empresas privadas.
Los servicios incluidos en el ámbito de los cuidados, bien dirigidos a menores, personas en exclusión social, así como los dirigidos a personas dependientes, continúan sin contar con planes de contingencia adaptados a cada caso. El COVID-19 y sus fatales consecuencias se expanden sin resistencia alguna.
Las mercantiles gestoras de los servicios, han sido incapaces de gestionar adecuadamente esta situación y el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, han actuado tarde y mal, persisten en la defensa de un modelo que no cuida, sino que abandona.
El hecho de ser una persona dependiente y residente de un centro de la red pública es el principal factor de riesgo. El 40% de los fallecimientos causados por el COVID-19 en Hego Euskal Herria, se están produciendo en centros residenciales para la tercera edad. La situación es dramática.
Una vez más, el sindicato LAB reitera su posición en esta crisis sanitaria al objeto de garantizar la salud pública, y por lo tanto fortaleciendo y protegiendo la salud y la vida de las personas que se encuentran en el ámbito de los cuidados.
Dando continuidad a nuestra intervención, hemos exigido al Departamento de Salud la intervención directa de dos centros residenciales Residencia Carmelitas de la Caridad en Gasteiz y Residencia Abeletxe en Ermua, al objeto de que:
-Se implanten planes de contingencia con el contenido mínimo exigido en la Guía de Prevención y Control para estos recursos.
-Estudios reales de epidemiología a todas las personas trabajadoras y usuarias.
-Aumento del personal de atención directa e indirecta.
-Conversión de la actividad a una atención sociosanitaria, dotando de suficiente personal médico y de enfermería.
-Formación a las personas trabajadoras de las medidas preventivas.
-Medidas de protección a las personas trabajadoras, dotando de suficientes y adecuados equipos de protección individual.
-Sectorización según los niveles de afectación, evitando la rotación del personal trabajador.
-Medidas para garantizar la información a personas trabajadoras y a las familias.
-Apoyo emocional especializado a personas trabajadoras, usuarias y familiares.
Ante la falta de respuesta por parte del Departamento de Salud, hemos interpuesto una solicitud de medida cautelarísima inaudita sobre tutela de derechos fundamentales, derecho a la salud, vida e integridad física frente al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.