Tras la consecución del primer convenio de Intervención Social, ámbito hasta ahora regulado por un convenio estatal, el sindicato LAB se ha marcado como objetivo la creación del primer convenio navarro de residencias de mayores, un sector totalmente feminizado cuya situación es extremadamente grave como consecuencia de la privatización, la precarización y la falta de medios. En la búsqueda de ese objetivo, LAB contactará con sindicatos, personas usuarias y familiares, así como con el Gobierno de Navarra; y llevará a cabo una movilización en Pamplona el 27 de febrero.
Si bien la creación de nuevos convenios no es algo frecuente -en Navarra se han creado tres en veinte años-, LAB considera que la grave situación que se vive en las residencias y el impulso que supone la mencionada creación del convenio de Intervención Social hacen necesario y posible abordar este reto.
La situación en las residencias navarras, un sector donde la gran mayoría de la plantilla está formada por mujeres, es extremadamente grave como consecuencia de la privatización, la precarización y la falta de medios. Esta situación denota la dejadez institucional respecto al ámbito de los cuidados, un ámbito fundamental que debe reorganizarse y priorizarse. La creación de un sistema público comunitario de cuidados, demandado tanto desde el ámbito sindical como desde el movimiento feminista y de pensionistas, es un reto estratégico para la sociedad navarra.
El convenio propio supondría dos pasos importantes. Por una parte, este ámbito de negociación se traería a Navarra, por lo que la plantilla de las residencias y sus representantes ganarían el derecho a participar directamente en la regulación de sus condiciones laborales. Por otra parte, tal y como ha sucedido en Intervención Social, supondría una mejora sustancial de las condiciones laborales del sector. Se ha demostrado que ambos pasos van de la mano: la estatalización de las condiciones laborales es una vía de precarización, mientras que avanzar en un marco propio de negociación colectiva es una gran oportunidad para dignificarlas.
La comparativa entre las condiciones laborales de las personas trabajadoras de residencias de la tercera edad a las que se les aplica el convenio estatal, con las del recientemente renovado convenio navarro de centros de atención a personas con discapacidad es muy significativa. Si bien las características del trabajo que se realiza en estos dos ámbitos es bastante similar, una cuidadora de residencias de mayores, con una antigüedad de 11 años en la empresa, estaría cobrando 653,13€ menos, y estaría trabajando 32 días más al año que una cuidadora de un centro de atención a personas con discapacidad.
LAB considera que el convenio provincial de residencias de tercera edad es una de las tres medidas estructurales necesarias para hacer frente a la grave situación que se vive en las residencias navarras. Las otras dos medidas consistirían en una ley de ratios que alivie verdaderamente las cargas de trabajo y mejore la atención que reciben los y las residentes, y un plan de publificación, ya que actualmente el Gobierno de Navarra gestiona directamente solamente 2 residencias de mayores en Navarra: El Vergel de Iruñea y Santo Domingo de Lizarra, mientras que concierta plazas con un total de 42 residencias y centros de día, la gran mayoría de gestión privada.
Desde LAB vamos a realizar una campaña informativa en las residencias de Navarra que culminará con una movilización en Pamplona el 27 de febrero. Así mismo, nos vamos a poner en contacto con todos los sindicatos con representación en el sector, con personas usuarias y familiares, así como con el Gobierno de Navarra para buscar acuerdos que posibiliten la creación del convenio navarro de residencias en esta legislatura.
Consideramos que al tratarse de un servicio público esencial, concertado en parte por el Gobierno de Navarra, éste y el Parlamento de Navarra deben implicarse directamente para la consecución del convenio navarro de residencias de mayores, tal y como lo hicieron en la creación del convenio de Intervención Social y en la renovación, con notables avances, del convenio de centros para la atención a la discapacidad.