2024-12-22
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Hemos exigido al Gobierno Vasco que pague de forma inmediata las cantidades que UTE Larrialdiak-Maiz adeuda a los y las trabajadoras

Nos hemos movilizado ante el Parlamento de Gasteiz con el lema «Nosotras sin cobrar y el dinero en Gibraltar. Eusko Jaurlaritza culpable». Concretamente, en 2019, UTE Larrialdiak-Maiz abandonó el servicio de ambulancias en Araba y Bizkaia y dejó salarios sin pagar a sus trabajadores y trabajadoras. Las ejecuciones de sentencia no se pueden llevar a cabo dado que el aval para cubrir dichos impagos está en Gibraltar. 

Años y años de lucha, 7 convenios diferentes, más de 2.000 horas de trabajo anuales, problemas constantes con los EPIs, servicio deficitario….. somos un sector maltratado, un sector al que no se le ha dado, ni la importancia, ni el valor que se merece. El Gobierno Vasco sigue subcontratando un servicio esencial para la ciudadanía, sigue manteniendo un servicio pobre, en manos de terceros que lo único que les preocupa es el dinero, nunca la salud de las y los alaveses o vascos.

Un sector que se nutre del valor humano, y de las ganas de sus trabajadores y trabajadoras, quienes a 31 de diciembre del 2019, en vez de quedarse en casa o irse a la huelga, decidieron, pese a no haber cobrado la paga extra, ni los festivos ni nocturnos de diciembre, incluso en algunos casos debiéndoles mucho más dinero, decidieron ir a trabajar para dar el servicio. Porque hay algo que se le olvida a la administracion pública: si el dia 1 de enero de 2020 hubo ambulancias de urgencia en Bizkaia y en Araba, no fue porque vendría una empresa a poner las ambulancias, sino por los trabajadores y trabajadoras.

El 31 diciembre del año 2019, la empresa que por entonces daba el servicio en Araba y parte de Bizkaia, la UTE Larrialdiak-Maiz abandonó el concurso de ambulancias y dejó a los trabajadores y trabajadoras sin cobrar la paga extra, los nocturnos y festivos, y cantidades, en algunos casos desorbitados, que ya veníamos arrastrando de meses anteriores.

Tras más de dos años de juicios, las sentencias favorables a los y las trabajadoras han tenido que llevarse a ejecución, por falta de pago por la empresa que abandonó el servicio. El Gobierno Vasco retuvo el aval que esa empresa tuvo que presentar al llevarse la licitación para la explotación del servicio. 

Pues bien, dicho aval está en Gibraltar, esto supone que no puede ejecutarse el aval según los servicios jurídicos del propio Gobierno Vasco. ¿Dónde estaban los servicios jurídicos cuando la empresa presentó dicho aval? ¿Qué control real tiene la administración pública sobre las empresas y los avales que éstas tienen que presentar para que se les dé el servicio?

El Gobierno Vasco es el responsable de ese control, el cual no ejerció, y nos parece muy grave que no se dé ningún tipo de control sobre las empresas privadas que se presentan a los concursos, ni controlando los avales en su presentación, ni controlando después si cumplen los pliegos de condiciones.

Como responsable del servicio, el Gobierno Vasco debe de pagar a estos y estas trabajadoras que realizaron el servicio y después que reclame por la vía que estime oportuna a la empresa que abandonó el servicio. Los y las trabajadoras no deben ser las paganas de una falta de control por parte de la administración, ni las paganas de que las empresas que solo vienen a hacer dinero se lo lleven y no paguen a los y las trabajadoras por el trabajo que realizaron y realizan.

Los hechos son muy graves, pero estos hechos pueden reproducirse. ¿Sabe el Gobierno Vasco dónde están los avales de las empresas que gestionan en estos momentos el servicio de ambulancias? ¿Qué pasaría si alguna abandona el servicio como hizo UTE Larrialdiak-Maiz en 2019? ¿Volverá el Gobierno Vasco a dejar el servicio en manos privadas? 

Desde LAB, exigimos que el Gobierno Vasco pague las cantidades que UTE Larrialdiak-Maiz adeuda a las trabajadoras de forma inmediata y también que se publifique el servicio de ambulancias, dado que una publificación del servicio supondrá una mejor gestión del mismo, sin que empresas privadas se queden con el dinero y sin que a la sociedad vasca le salga mucho más caro un servicio público, que, además, se entrega a manos privadas para su explotación.

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