La sanidad pública cada vez tiene más parcelas invadidas por la privatización. En Bizkaia, Osakidetza se aprovecha de contratos con empresas privadas de transporte sanitario (ambulancias), para que cubran funciones y trabajos correspondientes al personal de los centros sanitarios, como las y los celadores.
Durante muchos años, debido a la complicidad de Osakidetza con las empresas privadas que gestionan las ambulancias concertadas en Bizkaia, el personal de éstas se ha visto obligado a realizar funciones que son competencia del personal de los centros, sobre todo en lo referente a la movilización y traslado de las y los pacientes dentro de los mismos.
Esta práctica abusiva conlleva una serie de consecuencias, tanto para el propio servicio de ambulancias y las y los pacientes, como para el personal de éstas y de los centros.
Por un lado, el servicio de traslado concertado de pacientes (consultas, tratamientos, altas hospitalarias, etc.) se ve seriamente afectado, con retrasos e incluso pérdidas de consultas y tratamientos. Esto es debido al tiempo que debe emplear el personal de las ambulancias en movilizar a las y los pacientes por el interior de los centros sanitarios, teniendo que entrar en lugares a los que por seguridad, salud, e incluso ley, no deberían acceder, como por ejemplo el interior de las salas de tratamiento de radioterapia y las salas de diálisis. En los casos en los que se lleva un paciente a una intervención en camilla, el personal de ambulancia debe esperar a que se realice el ingreso, y después se le exige que lleve al o la paciente hasta donde corresponda, sin que intervenga ningún personal del centro. De esta manera, ocurre que una ambulancia puede llegar a estar parada más de una hora en un hospital, porque el o la trabajadora está dejando o buscando a pacientes por diferentes lugares del centro.
Por otro lado, el personal de los centros sanitarios tiene instrucciones directas de las direcciones de los centros para fomentar estas prácticas, instando al personal de las ambulancias a movilizar a los pacientes por su cuenta y riesgo.
Por ejemplo, una situación muy habitual es que una o un trabajador de ambulancia vaya a recoger a una o un paciente de alta a su habitación, y en el centro se le exija que deben ir dos trabajadores o trabajadoras de ambulancias, y realizar la manipulación del o la paciente ellos solos o solas. Han llegado a decir que deben ser las ambulancias las que lleven el material para la manipulación del o la paciente dentro del propio centro.
Otro caso muy habitual es cuando se llega a un centro con una o un paciente para una consulta o tratamiento, se exige al personal de las ambulancias que lo lleve hasta el mismo lugar de la consulta o prueba, e incluso si hace falta camilla se le exige que vaya a otro lugar del centro a buscar una y llevar al paciente en ella de vuelta hasta el lugar de la consulta, con la consiguiente pérdida de tiempo para acudir a trasladar a otras y otros pacientes.
Un caso más llamativo, y más habitual, ocurre cuando el personal de las ambulancias tiene que entrar dentro de las salas de diálisis, tanto de Osakidetza como de centros concertados (Dial Bilbo y clínica Virgen Blanca), movilizar a las y los pacientes a y desde los sillones, sin los medios adecuados (con el riesgo que supone para su salud), en ocasiones teniendo incluso que llegar a pesar a las o los pacientes o ayudarles a vestirse (funciones del personal de los centros).
Algo que en cualquier otra provincia o territorio, incluyendo Araba y Gipuzkoa, es impensable, ya que la ley e incluso la lógica dice que debe ser el propio personal de los centros el que se encargue de movilizar a los pacientes, y no personal externo. El Estatuto del personal no sanitario, en su artículo 14.2.12. dice, respecto a los celadores: “Tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la Institución como en el servicio de ambulancias.”
¿Por qué se se consienten en Bizkaia estas prácticas abusivas y perjudiciales? Tenemos la respuesta: porque así Osakidetza se ahorra puestos de trabajo, a costa del perjuicio que supone para los pacientes y sus familiares, así como para las y los propios trabajadores; además de ser una forma encubierta de continuar privatizando la sanidad pública.