2024-11-22
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Hemos denunciado el intrusismo del Colegio de Enfermería en la normativa interna del SNS-Osasunbidea

Mal vamos si entes privados y corporativos son atendidos como interlocutores válidos a la hora de diseñar y ejecutar la normativa que regula la organización del trabajo de la administración pública.

Hemos conocido que el Consejero de Salud se ha reunido con el Colegio de Enfermería para hablar sobre la modificación del DF 347/1993 que va a permitir que cualquier empleado o empleada (independientemente de su categoría laboral y del puesto que ocupe) pueda optar a las jefaturas de las diferentes unidades. Después de esa reunión el Colegio de Enfermería anunció alegaciones contra las modificaciones previstas.

Hay que recordar que el Colegio de Enfermería es un organismo privado que obliga a las enfermeras a desembolsar de forma obligatoria una gran cantidad de dinero y que nada tiene que ver con la actividad que estas desarrollan en la función pública. Se trata de un “ente” ajeno orgánicamente a la administración sanitaria pública y que representa a un lobby estatal con actividades sumamente opacas. (Ejemplo: “La Fiscalía investiga la cúpula de los colegios de enfermaría de España.” El País 27-10-2017. Recomendamos acceder a “Dossier Organización Colegial…”en página web infoadm.org).

¿Por qué el Consejero tiene que reunirse con un lobby ajeno a la función pública para tratar sobre cuestiones de organización interna de la plantilla de empleadas publicas?

Si le preocupa lo que piensa el personal de Enfermería ¿Por qué no se reúne con las plantillas de los servicios/unidades con más carga de trabajo y ratios enfermera/paciente más bajos? (ejemplo: urgencias, 6ª General de HVC, Hospitalización a Domicilio, Andraize….)

Al Consejero más le valdría bajar a tierra y conocer de primera mano las inquietudes de la plantilla de enfermería dándose una vuelta por los centros de trabajo.

Y al Colegio de Enfermería de Navarra cuidarse más de los problemas internos que alberga como ente, que a nivel estatal ha suscitado actuaciones de la fiscalía.

Mal vamos si entes privados y corporativos son atendidos como interlocutores válidos a la hora de diseñar y ejecutar la normativa que regula la organización del trabajo de la administración pública. Administración que debe anteponer el interés general sobre cualquier otro. ¿No?

 

 

 

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