Maddalen Dorador y Gorka Berasategi, responsables de servicios privados y públicos del sindicato, han comparecido para denunciar la situación de indefensión en la que se encuentran las y los trabajadores que realizan actividades esenciales, la mayoría pertenecientes a sectores feminizados, condenadas y condenados al contagio por coronavirus ante la falta de protección. En este sentido, LAB ha decidido informar a la Fiscalía sobre todas la situaciones de riesgo con el fin de que abra instrucción por vía penal.
Desde el 13 de marzo estamos diciendo que hay que declarar Euskal Herria en servicios mínimos, que hay que cuidar a quienes trabajan en los servicios esenciales. Dos semanas después, se ha decretado el cese de la actividad económica. Entonces, y solo entonces, se han escandalizado los gobiernos autonómicos, a las órdenes de Confebask. Han mostrado, una vez más, su absoluto desprecio hacia todos esos pequeños autónomos que han cerrado por responsabilidad, o hacia esos miles de trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin trabajo, dejando en evidencia que defienden a una minoría.
Una vez más, no han mostrado el más mínimo respeto por todos esos trabajos que sustentan nuestras vidas: residencias de personas mayores, ayuda a domicilio, limpieza, tareas domésticas, farmacias, sanidad, telemarketing, comercio… Con la excusa de la crisis sanitaria, quienes cuidan nuestras vidas están obligadas a trabajar sin ningún tipo de protección. Es más, las medidas de protección se están orientando hacia la supervivencia de la gran industria. Esto no es casualidad, esto es porque la avaricia del sistema se alimenta a costa de todos esos trabajos de cuidado invisibilizados que realizan las mujeres.
Hoy, miles de mujeres tienen que ir a trabajar sin equipos de protección, poniendo en riego su salud y la de sus allegados. Aquí unos ejemplos:
A las mujeres que trabajan en la limpieza, la Administración Pública les obliga a limpiar los centros cerrados, generalmente sin guantes, nunca con mascarilla. Así está ocurriendo con las decenas de centros que dependen del departamento de Educación, centros de trabajo de la Diputación Foral, oficinas del Gobierno Vasco, etc. Todos estos edificios están cerrados, los trabajadores propios están en casa desde entonces, pero cientos de limpiadoras se ven obligadas a ir a trabajar todos los días, muchas en transporte público, sin ninguna medida de protección, para realizar trabajos que no son esenciales en estos momentos.
Las mujeres que limpian en Osakidetza y Osasunbidea no son consideradas personal sanitario, aunque sin ellas no podría funcionar. Son las primeras en acceder a las habitaciones para realizar las desinfecciones, pero las últimas en recibir equipos de protección. Tienen que hacer frente al mismo riesgo, pero se prevén diferentes medidas para ellas. No tienen derecho a párking ni a ofertas para dormir en hoteles. Ni siquiera les hacen tests Covid19 como al resto de profesionales.
También son invisibles las trabajadoras que tienen que seguir limpiando los transportes públicos, las oficinas de Correos, los cajeros o las comunidades de vecinos, y no estamos hablando de esos militares que salen en la televisión fingiendo desinfectar, sino de todas esas mujeres invisibilizadas. La semana pasada tuvimos que poner diversas denuncias ante la Inspección contra ISS, Ilunion, Sacyr, Garbialdi, Metrópoli y varias empresas más, porque mandan a estas trabajadoras a trabajar sin equipo de protección, poniéndolas en riesgo. Hoy por hoy, no tenemos respuesta.
Qué más decir sobre la situación del personal sanitario. Escuchamos con preocupación los llamamientos que este personal está realizando para conseguir medidas de protección. Cuando la dirección de Osakidetza o Osasunbidea no protege la salud de sus trabajadores, ¿debemos pedir caridad para conseguir máscaras?
La situación es muy grave en el ámbito de los cuidados a personas mayores, donde miles de mujeres se están contagiando a diario en su trabajo. Las residencias de personas mayores o servicios de ayuda a domicilio son servicios mayoritariamente subcontratados por instituciones públicas. El nivel de contagio que se está dando en estos servicios está generando situaciones de colapso. Ante estas situaciones las trabajadoras se encuentran desprotegidas y las instituciones miran hacia otro lado. Estas mujeres están siendo consideradas trabajadoras de segunda categoría para las autoridades vascas, asumiendo plenamente que su destino es contagiarse. Las trabajadoras se están contagiando y los usuarios están muriendo, ¿dónde están nuestros gobernantes?
En manos de la Fiscalía
En vista de esta gravísima situación, hemos decidido recurrir a la vía penal para denunciar todas las situaciones de riesgo. Cuando las detectemos, llamaremos a la autoridad policial para que haga atestado; informaremos por escrito al responsable del servicio y a Sanidad; e informaremos a Fiscalía para que inicie instrucción por la vía penal.