Una delegación encabezada por la secretaria general, Garbiñe Aranburu, ha hecho entrega de la aportación de LAB a los representantes del Foro Social, en el contexto del proceso que este último está llevando a cabo para definir las bases para la convivencia democrática. La aportación de LAB consta de tres apartados.
En el primer apartado se destaca la necesidad de dar una respuesta eficaz a todas las consecuencias derivadas del conflicto armado que ha vivido Euskal Herria. Los principales temas a tratar para ello serían:
• Proporcionar verdad, justicia y reparación a todas las víctimas. No puede haber víctimas de primera y de segunda. Para ello es necesario acabar con toda discriminación hacia las víctimas provocadas por las instituciones estatales y autonómicas. «Como sindicato, queremos prestar especial atención a las víctimas que ha habido en el contexto de las luchas sindicales, como en los casos de Erandio y Gasteiz, o a las y los sindicalistas torturados».
• Terminar con la actividad judicial excepcional, como la de la Audiencia Nacional, así como con una política penitenciaria excepcional y culminar en un plazo razonable el proceso de excarcelación de todos y todas las presas vascas y la vuelta a casa de las y los exiliados. Asimismo, se debe posibilitar el acceso al trabajo de las y los expresos y exiliadas y exiliados vascos y atender a sus derechos y necesidades básicas, como el derecho a la pensión. Para ello, las instituciones públicas deberían poner en marcha una planificación detallada. Asimismo, un acuerdo entre la patronal y los sindicatos sería beneficioso.
• Cerrar las heridas causadas por el conflicto armado en la sociedad vasca, reconociendo, entre otras cosas, el daño causado a quien se ha tenido como adversario; promoviendo una memoria inclusiva que respete todas las vivencias; dando apoyo material y emocional a la ciudadanía que ha sido afectada y esté necesitada del mismo; y posibilitando espacios de diálogo entre ciudadanía y agentes.
En el segundo apartado, LAB propone abordar la cuestión política que está en la raíz del conflicto armado (ejercicio de la voluntad democrática de la ciudadanía vasca): «Las personas de Euskal Herria tenemos derecho a decidir entre diferentes proyectos políticos (autonomía, estado confederado, independencia). Es necesario establecer un procedimiento jurídico-político que posibilite el ejercicio de este derecho en los tres ámbitos territoriales vascos (CAV, Nafarroa e Ipar Euskal Herria). Y los Gobiernos de España y Francia deben comprometerse a respetar la voluntad democrática de la ciudadanía vasca. En cuanto al ámbito sindical, reivindicamos el derecho a decidir sobre el modelo socioeconómico, el marco de relaciones laborales y el sistema de protección social en los tres ámbitos territoriales de Euskal Herria. En este sentido, hay que tener en cuenta la voluntad expresada por las y los trabajadores vascos a través de las elecciones sindicales: su representación sindical debe ser la plena competencia para negociar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras «.
En el tercer apartado, destaca la necesidad de superar toda forma de violencia y opresión y dar pasos hacia un horizonte que permita una vida digna y diversa para todas las personas de Euskal Herria: «Superar el conflicto armado que ha vivido Euskal Herria y poner en vías de solución el conflicto político sería un enorme avance en la historia de Euskal Herria. Sin embargo, nuestra ambición debería ir más allá: eliminar toda violencia y opresión y permitir una vida digna, diversa y libre a todas las personas. Si queremos trabajar valores como la convivencia, la democracia, la igualdad o la paz, debemos hacer frente a la violencia machista, a las injusticias sociales, al racismo y a cualquier discriminación. Todos los derechos para todas las personas, en la diversidad; esa debe ser la premisa básica del acuerdo entre las personas de Euskal Herria».