No hay calidad con precariedad. ¡Más personal, mejor servicio!
En algún momento de nuestra vida, y por diferentes razones, las personas podemos encontrarnos en situaciones personales críticas: dependencias, desprotección, exclusión, carencias materiales, conflictos relacionales, violencia machista. Son situaciones que precisan de apoyo social.
Todas las personas aspiramos a poder vivir de forma digna, autónoma y a mantener unas relaciones satisfactorias y bien integradas en la convivencia diaria y en los entornos en que nos movemos. Estamos hablando de un derecho social irrenunciable. Y en estas situaciones, la Administración tiene que garantizar este derecho con unos servicios que sean útiles y cercanos.
Sin embargo, la realidad de los distintos servicios sociales nos muestra una situación muy preocupante. La demanda de apoyo social supera con creces la oferta. Unos servicios sociales que ya eran débiles se han visto desbordados con una situación de crisis económica y social que ha provocado un aumento tanto de las personas demandantes, como del tipo de problemáticas y necesidades a tratar.
Los Servicios Sociales actuales están configurados bajo el orden neoliberal imperante. Los derechos sociales de las personas se están convirtiendo en negocio. Así, nos encontramos con que las administraciones han recortado servicios, al mismo tiempo que va dejándolos en manos de entidades privadas, que priorizan su cuenta de resultados, en detrimento de la calidad en la atención. La búsqueda de beneficio y superávit lleva a las empresas y entidades privadas a contratar personal menos cualificado, a imponer unas condiciones laborales peores y a una prestación de servicios más deficiente, con la complicidad de las administraciones.
Las condiciones de trabajo en los servicios sociales hacen imposible ofertar un apoyo adecuado. Esta situación es especialmente denunciable en los centros residenciales y de atención a las personas mayores dependientes, en los centros destinados a la infancia y juventud en situación de desprotección y en los servicios dirigidos a las personas con discapacidad.
La proporción entre profesionales y las personas a atender refleja una sobrecarga que hace inviable una atención personalizada. Al mismo tiempo, el sobre-esfuerzo a que están sometidas quienes trabajan en los servicios sociales hacen que su salud se resienta a pasos agigantados y se extienden de manera preocupante las lesiones musculo-esqueléticas y los problemas mentales. La infravaloración del trabajo social no hace más que empeorar la situación con unos niveles de precariedad y temporalidad altos, bajos salarios y largas jornadas anuales.
Por ello, reclamamos la necesidad de un sistema de servicios sociales público y universal, comparable a otros sistemas públicos como el de Educación y Sanidad. El derecho a poder vivir de forma digna, autónoma y con relaciones bien integradas en nuestros entornos precisa de unos servicios sociales de calidad, con medios y recursos suficientes. Con ese objetivo el 19 de febrero realizaremos una campaña de recogida de firmas para exigir al Parlamento de la CAV:
a) El aumento de las plantillas en los centros y servicios para personas mayores, menores y con diversidad funcional.
b) Garantizar la ampliación de perfiles y funciones profesionales para ofrecer una atención integral.
c) Participación de las trabajadoras y trabajadores, así como de las organizaciones sociales y personas usuarias en la
evaluación, gestión y decisión relacionadas con las necesidades de personal en los servicios sociales.
Prekarietatearekin ez dago kalitaterik. Langile gehiago, zerbitzu hobea! [PDF]
No hay calidad con precariedad. ¡Más personal, mejor servicio! [PDF]
SINADURA ORRIA – HOJA DE FIRMAS [PDF]