La actual situación, fruto de la política de recortes y dejación de las instituciones, ha conducido a una situación de deterioro en los servicios sociales de Araba, especialmente, en estos últimos años. En el caso de los centros de acogida para menores en desprotección, la situación es alarmante.
Son varios los factores, por una parte, la privatización de servicios, por parte de la administración pública, produce un deterioro en la prestación de los mismos, tanto desde un punto de vista social, laboral, como de las y los usuarios. La dejación de la Diputación de Araba en el seguimiento de la gestión de Sansoheta, es algo que tiene que ser subsanado de inmediato. La Diputación tiene que ser el garante ante los gestores privados que rigen el día a día del centro, del cumplimiento y aplicación de todos aquellos elementos correctores que impidan situaciones como la que hoy estamos viviendo.
Por otra, la escasez de personal y plantillas inadecuadas, en los últimos años, se ha ampliado el centro y han aumentado el número de plazas, potenciando un macrocentro, cambiando personal educativo (educadoras y educadores), por personal de vigilancia (seguridad, monitores, guardas…), mal diseño del los espacios, burocracia en la gestión, escasez de medidas preventivas… Una situación que, en definitiva, hacen que la situación en estos centros sea insostenible.
Las propias condiciones de trabajo en estos centros hace imposible ofertar un apoyo adecuado a los y las menores, el esfuerzo e implicación de los y las trabajadores, en el día a día, no es suficiente para paliar semejante deterioro. Solamente un cambio en la gestión y modelo de seguimiento/asistencia puede corregir la actual situación. El modelo de acogimiento debe cambiar, hay que apostar con un modelo más educativo y pedagógico.
Las instituciones tienen que reconocer y reforzar el papel del personal del centro Sansoheta en la gestión de la problemática y la búsqueda de soluciones e igualmente, apoyarle en un momento muy complicado en su actividad profesional.
Nos parece imprescindible recordar que los principios rectores de la atención a este colectivo se rige por lo expuesto en la Ley Orgánica 26/2015, de Protección Jurídica del Menor y la Ley Orgánica 3/2005, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia en la CAPV, siendo uno de los principios básicos de ambas leyes el necesario carácter educativo de las medidas que se adopten en la atención a este colectivo. Garantizar la efectividad de este principio pasa necesariamente por asegurar la presencia de figuras educativas suficientes en cuanto a cualificación y número.
Sin invertir recursos en la formación continua, supervisión educativa, planificación y seguimiento de las intervenciones profesionales y sin una apuesta real por los servicios sociales públicos, es imposible asegurar una correcta cobertura de las necesidades y el cumplimiento de las medidas de protección a la infancia y adolescencia.
Volvemos a constatar que la subcontratación y la falta de reconocimiento de las categorías profesionales son consecuencias claras de la política de fomento de la precariedad emprendida por las instituciones en el sector.
Como sindicato representativo del sector nos mostramos abiertos a analizar y evaluar las condiciones de atención a la infancia y adolescencia tutelada por la Diputación y a defender la creación de los recursos necesarios para atender a estas personas, analizando la idoneidad o no de grandes centros que se encuentran masificados o de espacios más proclives a una mejor atención de las necesidades de las personas menores de edad.