Tal y como se supo ayer, la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas de Nafarroa ha constatado que hay «claros indicios» de malas prácticas de la exclusividad en Osasunbidea; unas malas prácticas que afectan, por ejemplo, directamente a un jefe de Servicio del Hospital García Orcoyen y que han sido ignoradas por la gerente de dicho hospital, Yolanda Montenegro, razón por la pedimos su destitución inmediata.
Desde LAB llevamos denunciando desde el inicio de la legislatura la pésima gestión que se está realizando en el área de salud de Lizarra: dimisiones generalizadas de jefes de servicio, obras improvisadas, intento de cierre de la hospitalización domiciliaria, derivaciones a especialistas en Tudela… Un amplio abanico de problemas frente al que el Departamento de Salud no ha realizado ninguna acción correctiva y ha permitido de forma totalmente premeditada la deriva en la precarización de las condiciones laborales de las y los profesionales del área de salud de Lizarra y con ello, el empeoramiento de la calidad de atención y accesibilidad para la ciudadanía.
En el sindicato LAB tenemos muy claro que lo que pretende esta gerencia es eliminar y entorpecer la atención, favoreciendo intereses privatizadores y generando un ambiente de trabajo lo suficientemente incómodo para que el área de salud de Lizarra no funcione como debiera.
Han sido numerosas las ocasiones en las que hemos requerido a la dirección que subsanase la situación del jefe de servicio que compatibilizaba el cobro de la exclusividad, con la jefatura de servicio y la actividad en consulta privada. Requerimiento que ha caido en saco roto, por supuesto. Este tipo de prácticas que afectan a todos los ámbitos derivan de la petición del Sindicato Médico para eliminar la exclusividad y permitir que estas prácticas se regularicen.
LAB, como primera fuerza sindical en el área de salud de Estella, exige medidas inmediatas que eliminen agentes que promueven la privatización, ocultan y facilitan “malas prácticas” y generan situaciones laborales inaceptables. En la defensa de lo público trabajadores y trabajadoras, ciudadanía y agentes políticos debemos realizar un frente inequívoco y común.