La falta de personal en los diferentes servicios sociales de atención a la discapacidad, menores, familia, tercera edad y exclusión social, es un problema histórico en Navarra. Esto provoca por un lado, una merma de la calidad en la atención a las personas usuarias, y por otro, el deterioro de la salud de las trabajadoras. En Navarra la relación de plantilla-usuarios en los citados servicios viene regulado por el Decreto foral 209 de 1991. Un decreto que tiene casi 30 años, que esta desfasado y debe actualizarse a la mayor brevedad posible, para garantizar que responda a las necesidades planteadas.
En ese sentido, en febrero de 2016 el sindicato LAB inició una recogida de firmas entre las trabajadoras del sector y tras varias semanas de campaña se logró recoger 11.258. Esas firmas se entregaron al Gobierno de Navarra para exigirle que adecuara el decreto a la realidad actual.
También se realizo una sesión de trabajo de la Comisión de Políticas Sociales en el Parlamento de Navarra, donde todo el arco parlamentario respaldó las reivindicaciones planteadas, plasmándose esa voluntad en una resolución del Parlamento donde se instaba, por unanimidad, a modificar el decreto. Durante el cuso 2017-2018 LAB llevó a cabo una campaña de empoderamiento de los y las delegadas de prevención en las empresas, que culminó con una movilización a las puertas del Palacio de Navarra el 14 de junio de 2018.
El Departamento de Derechos Sociales que dirige Miguel Laparra se comprometió a la creación de una comisión participativa donde todos los agentes que así quisieran pudieran aportar en positivo para modificar ese decreto foral. Por desgracia, a día de hoy esa comisión todavía no ha visto la luz; seguimos esperando a que se publique ese decreto y/o a que nos den la opción de poder hacer aportaciones al respecto. Por lo tanto, exigimos al nuevo Gobierno de Navarra que acometa cuanto antes esta necesaria modificación y que para ello cuente con la participación de los diferentes agentes sociales.
LAB seguirá trabajando, movilizándose y reivindicando para que se aumenten las plantillas y los tiempos de dedicación en los servicios sociales. Es hora de que la relación usuarias-profesionales sea regulada de manera digna, para que no siga suponiendo un empeoramiento de la salud de las trabajadoras y de la calidad de los servicios.