El sindicato LAB ha anunciado la interposición de 8 demandas en reclamación de cantidad ante los juzgados de lo Social de Pamplona – Iruñea frente a las empresas Escuadrón de Negocios, S.L. y Esquisavel Servicios Navarra por incumplir el Convenio Colectivo de aplicación.
También lo ha hecho contra el Instituto Navarro de Deporte y Juventud por entender que el Gobierno de Navarra no vela por los derechos de las trabajadoras del sector de limpiezas tal y como le exige la Ley Foral de Contratos Públicos, al devolver a la empresa Escuadrón de Negocios, S.L. la fianza económica sin garantizar el pago de los salarios a las trabajadoras.
El sindicato LAB fue artífice de la elaboración y aprobación de la Ley Foral de Contratos Públicos en abril de 2018, una ley que supone un cambio social histórico en la dignificación de las condiciones laborales de miles de trabajadoras de las subcontratas públicas.
En este sentido, para que dicho cambio sea una realidad, en su día emplazamos a todas las administraciones públicas para que todas las licitaciones y el desarrollo de las adjudicaciones fueran escrupulosas en el cumplimiento de la Ley de Contratos Públicos en defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.
Sin embargo, hoy denunciamos que el Gobierno de Navarra no ha atendido al citado emplazamiento y en este caso no ha aplicado el artículo 152.2 de la citada Ley Foral de Contratos Públicos que establece que “[…] la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos […]”.
De esta forma, tras ser informado el Gobierno de Navarra de la no aplicación del convenio colectivo de aplicación por parte de la empresa Escuadrón de Negocios, S.L., este procedió a la devolución de la garantía a la empresa a pesar del citado incumplimiento, no garantizando así el pago de los salarios a las trabajadoras al contrario de lo que marca la ley. Y lo que es más grave, actuando de manera contraria a los derechos de las trabajadoras.