A pocos meses de finalización del plazo y después de casi 7 años de incertidumbre l 16 de Noviembre del 2015 se publicó en el BOE la resolución de la secretaría de Estado de Servicios Sociales e igualdad en la que se recoge el Acuerdo del Consejo Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En este acuerdo vienen recogidas ciertas medidas, que no hacen más que alargar un proceso que si se hubiese hecho de una forma ordenada y dotándolo de presupuesto suficiente, hace tiempo estaría acabado.
Son las siguientes:
• “Habilitación excepcional” para personas mayores de 55
• “Prórroga del plazo” para garantizar la estabilidad en el sector” , la acreditación será exigible a partir del 31 de diciembre de 2017
• Las nuevas contrataciones de profesionales deberán poseer la cualificación profesional establecida en el mismo
Pero estas medidas sólo serán de aplicación si en el plazo del 24 al 31 de diciembre todas las trabajadoras que todavía no han conseguido la acreditación no se inscriben en un registro de Lanbide. Si no lo hacen el 1 de enero de 2016 podrían ser despedidas.
El Gobierno Vasco y el Gobierno Navarro han realizado este proceso de forma chapucera, y generando dudas y temores entre las trabajadoras y trabajadores. Hoy es el día , que después de casi siete años y por incompetencia de los Gobiernos Vasco y Navarro nos encontramos casi en la misma situación. Muchas trabajadoras, 4.000 en el caso de la CAV, todavía no han entrado en el proceso por falta de plazas y parte de las que han entrado no han podido acabar el proceso porque ni Lanbide ni el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra han ofertado cursos para poder superar las competencias. Además, muchos de estos trabajadores y trabajadoras se han gastado miles de euros en cursos impartidos por entidades privadas debido al temor a perder su puesto de trabajo.
Ante esta situación, LAB sigue reclamando:
• Información y transparencia en el proceso
• Teniendo el cuenta el alto grado de eficiencia y calidad de los trabajadores y trabajadoras del sector, a la hora de evaluar, se reconozca el valor de la experiencia acumulada
• Que la cualificación profesional se haga de forma planificada, a través de centros cercanos y personal público, garantizando que las empresas posibiliten el acceso a cursos de formación sin costes añadidos para las y los trabajadores.
• Que el Gobierno Vasco y Navarro tomen las medidas necesarias para encauzar el proceso puesto en marcha, y que el Gobierno vasco alargue el plazo de registro