Los sindicatos ELA y LAB hicimos público el pasado febrero el informe sobre la viabilidad del TAV que, a petición nuestra, EKOPOL (Grupo de Investigación en Economía Ecológica de la UPV) había llevado a cabo. Nos acercamos al mundo académico con la intención de fomentar el debate entorno al TAV. La conclusión de ese informe es clara: Los gastos derivados de las obras del TAV han tenido y seguirán teniendo una incidencia muy negativa en la vida de los trabajadores y del pueblo vasco en general, y no solo económicamente, social y medio ambientalmente también.
Nada más presentar el informe públicamente, lo dirigimos a todos los grupos del Parlamento Vasco para que en las instituciones se tomaran las decisiones procedentes, no en vano, nos encontrábamos ante un estudio sin precedentes.
Mientras trabajábamos en el informe y lo hacíamos público, la Ertzaintza y la Guardia Civil encontraban pruebas de prevaricación, fraude, malversación y falsedad. Tal y como ha hecho público un medio de comunicación, esto entre otras cosas, explicaría los sobre-costes que se han dado en esta obra. Entre las pruebas incluidas en el expediente hay cinco horas de grabaciones en las que además de las irregularidades económicas, se apunta a sobornos y al pago de comisiones vinculadas presuntamente a las adjudicaciones de alta velocidad. Los impulsores del TAV deberían dar explicaciones a la ciudadanía vasca con independencia de que se las tengan que dar a los jueces o no.
Nuestras reivindicaciones cobran más peso ante los presuntos hechos delictivos publicados. Creemos que es imprescindible la realización de una auditoría sobre las obras del TAV. Esa auditoría debe ser no solo financiera, sino también social y medio ambiental. Y, hasta que la situación de las obras no se esclarezca se deben parar, o lo que es lo mismo no debe presupuestarse ni un solo euro de dinero público para esta obra. De la misma manera, exigimos que se prosiga con la investigación de la forma más transparente posible. Nos nos parece en modo alguno aceptable, que el caso haya sido archivado. Pues, la ciudadanía requiere urgentemente que los fondos presuntamente desviados se destinen a lo verdaderamente importante como son los servicios públicos, la sanidad y la educación.