El año 2024 fue año electoral en varios ámbitos. En noviembre hubo elecciones para elegir rector o rectoraa de la UPV/EHU, y a finales de enero comenzó a trabajar el nuevo equipo rectoral. No son pocos los problemas a resolver en la UPV/EHU y los retos que tenemos por delante.
Veremos qué propuestas y caminos se abren en los próximos meses para afrontar diferentes situaciones. El sindicato LAB mantendrá su actitud constructiva, siempre crítica y firme, tanto en la defensa de los y las trabajadoras como de la universidad pública. Hemos trasladado al Vicerrector del PDI y al Gerente el listado de temas a tratar y estos días están teniendo lugar las primeras reuniones. Entre los temas prioritarios se encuentra la precaria situación del profesorado sustituto a dedicación parcial.
Algunos de los conflictos que tenemos sobre la mesa pendientes se pueden resolver dentro de la misma UPV/EHU. De hecho, depende de la dirección de la misma tener una posición u otra ante algunas situaciones y problemas: una actitud cerrada, que limite la participación, que busque excusas para no abordar situaciones de discriminación y precariedad, o una actitud que elabore y negocie propuestas para afrontar los problemas, que escuche y tenga en cuenta a los y las trabajadoras, alumnado y agentes de la comunidad de la UPV/EHU; una actitud caracterizada por interponer recursos a las sentencias ganadas por las y los trabajadores a través de los sindicatos, o una que intente extender los derechos conseguidos a todos los colectivos. Esperamos pasar a esa segunda posición en todas las materias en las que la UPV/EHU tiene competencia.
En 2024 también hubo elecciones al Parlamento Vasco y el nuevo gobierno decidió sacar el ámbito universitario del Departamento de Educación para crear el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Han pasado ocho meses desde la toma de posesión del nuevo consejero, que fue, además, rector de la UPV/EHU. Aunque algunas decisiones están dentro de la autonomía de la UPV/EHU, otras se toman fuera de la universidad. Algunas de ellas, las más básicas del modelo universitario, se nos imponen a través de las leyes del Estado español. Las decisiones y reglamentos que nos corresponden a las y los trabajadores de Euskal Herria los tenemos que decidir en Euskal Herria. Si aquí trabajamos, es aquí donde debemos decidir. En este sentido, entre otras cuestiones, la transferencia del PDI funcionario universitario es imprescindible. Los salarios base del PDI y del PTGAS funcionario se establecen desde el Estado español, lo que, a su vez, condiciona en gran medida los salarios del PDI y PTGAS laboral.
Otros muchos aspectos dependen de las decisiones del Gobierno Vasco: financiación destinada a la universidad pública y a las privadas, normas que definen los salarios, complementos y otras muchas condiciones laborales del personal de la UPV/EHU. El nuevo consejero tiene sobre la mesa unas normativas obsoletas que son la fuente de algunos de los problemas que padecemos. Está en su mano impulsar la actualización de los decretos 40/2008 y 41/2008, en los que se determinan las figuras y salarios del PDI de la UPV/EHU. El Decreto 41/2008 establece los salarios de miseria del profesorado sustituto a tiempo parcial, dejando fuera del cómputo de horas a retribuir las dedicadas a actividades que no sean estrictamente horas de clase y tutorías. Este decreto también recoge los sueldos del resto de PDI, sin contemplar de forma suficiente el nivel de cualificación necesario para impartir docencia e investigar en la universidad. De hecho, los salarios básicos del PDI de la UPV/EHU son inferiores a los de educación secundaria de la CAV. Es imprescindible elevar los salarios básicos de todo el PDI y el PTGAS, además de recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década y media. En este sentido, no se puede demorar más la actualización de los complementos del PDI, que se mantienen en la misma cuantía desde 2006, y la revaloración de puestos de trabajo del PTGAS. Para ello, además de una financiación suficiente, es imprescindible tener una voluntad clara. Lo mostrado hasta ahora desde el Gobierno Vasco ha sido justo lo contrario: no solo no actualizar los complementos, sino utilizar subterfugios para evitar o retrasar las convocatorias. LAB ha denunciado estas artimañas en los últimos años, tanto a través de comunicados y movilizaciones como en diferentes espacios institucionales.
El nuevo Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación tiene la oportunidad de cambiar este proceder por parte del Gobierno Vasco. Sin embargo, hemos recibido con gran preocupación algunas de sus declaraciones estos últimos meses. En la entrevista realizada en diciembre en Radio Euskadi puso en duda la financiación del 1% del PIB fijado por la LOSU para las universidades públicas para 2030. Señaló que llegar a esa cifra era una cuestión que atañe al conjunto del Estado español, como si la financiación de la UPV/EHU no estuviera en manos, principalmente, del Gobierno Vasco. Además, preguntado por el porcentaje que supone en la actualidad, respondió que se destina en torno al 0,6% del PIB al sistema universitario vasco. El caso es que la LOSU recoge expresamente que ese 1% es para las universidades públicas. La financiación pública de las universidades privadas no entra en ese monto. Por otro lado, vinculó el aumento de la financiación a la UPV/EHU a la consecución de objetivos concretos de investigación, dejando al margen necesidades estructurales evidentes que tiene la universidad. El aumento de plantilla en la UPV/EHU es imprescindible (especialmente el incremento de la ratio PTGAS/PDI) para incrementar su potencial y garantizar el servicio que debe prestar a la sociedad vasca. También hay que aumentar los salarios, con especial atención a los colectivos precarizados. El estado de algunos edificios, infraestructuras y servicios de la UPV/EHU también requiere disponer de una financiación suficiente. A pesar de ello, no se percibe una voluntad clara en ese sentido. Tampoco sabemos nada acerca de la comisión que debe establecer el incremento de gasto público para llegar al 1 % referido que, según la LOSU, debía estar constituida en marzo de 2024 y que, en el caso de la UPV/EHU, atañe especialmente al Gobierno Vasco.
La financiación es un aspecto clave. Sin embargo, mientras el Gobierno Vasco y las diputaciones aportan financiación y facilidades a las universidades privadas y elitistas (tras dar paso a Euneiz y Gastronomy Open Ecosystem, el último ejemplo es EDA drinks & wine campus…), la universidad pública está muy lejos de recibir la financiación necesaria.
Frente a modelos elitistas y neoliberales, es hora de defender la UPV/EHU. En manos del Gobierno Vasco está cambiar la orientación dada al sistema universitario las últimas décadas. A todos y todas las trabajadoras de la UPV/EHU nos corresponde activar y luchar para mejorar nuestras condiciones laborales y conseguir la universidad pública que necesita la sociedad vasca..