Los sindicatos ELA, STEE-EILAS, ESK y LAB realizamos el pasado 3 de mayo en Bilbo y el 4 en Iruñea sendas comparecencias para anunciar una convocatoria de huelga en los servicios públicos el día 31 de mayo.
En esas comparecencias dijimos que tanto la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como las diferentes reformas estructurales que se están proyectando desde Madrid en diversos ámbitos (educación, sanidad, justicia, servicios sociales afectados por la Ley de Dependencia…) suponen un gran salto cualitativo en el desmantelamiento de los servicios públicos, en el empeoramiento de nuestras condiciones laborales y en la destrucción de empleo público.
En opinión del sindicato LAB, desde que realizamos el anuncio hasta hoy, la grave ofensiva contra los servicios públicos se mantiene tal cual, e incluso se ha intensificado. Además, queremos subrayar que estas reformas no son más que el primer paso en una apuesta estratégica. De manera que las reformas en educación y sanidad han sido aprobadas en el Congreso la semana pasada; aunque en palabras del ministro Wert lo aprobado no responde más que a medidas aisladas y la verdadera reforma educativa llegará posteriormente y, por otro lado, queda pendiente la reforma de la cartera de servicios en sanidad. La mencionada ofensiva también se ve intensificada por el engaño al que tratan de someternos ciertos representantes políticos autonomistas demagógicamente y con objetivos claramente electoralistas.
Es cierto que diversos representantes políticos, tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco como en la de Nafarroa han mostrado una aparente postura contraria a algunas de estas reformas (por ejemplo, Jiménez del PSN declaró que están analizando la posible presentación de un recurso contra la reforma del sistema sanitario, y el Gobierno Vasco con extremo nerviosismo realiza declaraciones similares), pero frente a ello quisiéramos mencionar dos cuestiones:
• Esas declaraciones, como ya hemos afirmado todos los sindicatos, no tienen ninguna credibilidad.
En este sentido, ante estas posiciones aparentemente contrarias a las reformas de los representantes del PSN y del PSE, queremos formular algunas preguntas y aclaraciones:
¿De verdad creen la señora Celaá y el señor Jiménez que van a parar estas reformas mediante un Recurso de Inconstitucionalidad? NO, SABEN BIEN QUE NO.
Al fin y al cabo, saben muy bien que en el marco jurídico actual, del cual son firmes defensores, la última palabra en la definición del modelo de servicios públicos la tiene el Gobierno español. Saben que la vía que ellos plantean es estéril, pero la utilizan para sus objetivos electoralistas.
Ellos saben que sin plantear conflictos políticos estas reformas se aplicarán sí o sí. Saben que en estos momentos ante estas agresiones la única defensa es la vía política, es decir, la defensa del derecho a poder decidir nuestro propio modelo de servicios públicos y nuestras condiciones de trabajo sin ninguna limitación. ¿Están dispuestos los señores Patxi López o Roberto Jiménez a dar esa batalla política? ¡NO! ¡Pues mientras tanto no traten de engañar a nadie!
Muchas de las medidas implantadas en los Presupuestos del Estado ya se están aplicando en las administraciones vascas: la tasa de reposición de puestos sea nula, la prohibición de realizar OPEs, las reducciones o congelaciones salariales, la limitación de las sustituciones por bajas…
Es más, el Gobierno Vascongado de Patxi López ha sido pionero en muchos recortes: limitando año tras año los presupuestos para los servicios públicos, actuando contra las condiciones laborales de sus trabajadores, con medidas como, quitar los complementos de bajas por incapacidad transitoria (enfermedad, accidentes), eliminar las primas a la jubilación voluntaria, eliminar los contratos de relevo, etc.
Los dos gobiernos autonómicos han coincidido al aceptar la limitación del déficit público en el Consejo de Política Fiscal de España, y lo más probable es que nos anuncien que para poder cumplirlo haya que volver a hacer más recortes.
Por tanto, del 3 de mayo hasta hoy se están viendo confirmadas nuestras sospechas y peores augurios: estamos ante una ofensiva total que nos lleva al desmantelamiento de los servicios públicos mediante reformas progresivas y por otro lado, sin herramientas políticas para parar esa ofensiva.
Por todo lo anterior, no compartimos la desconvocatoria de la huelga. Es más, en el sindicato LAB pensamos que en la medida en que la agresión a los servicios públicos ha dado un salto cualitativo, nosotros y nosotras también tenemos que dar un gran salto cualitativo en la respuesta.
¿Qué queremos decir? La protesta y la movilización en respuesta a las agresiones no ha sido suficiente para parar la grave ofensiva actual, y debemos dar el salto de una estrategia meramente resistencialista a una clara estrategia sindical ofensiva y en clave de construcción de un sector público fuerte. Estrategia ofensiva en varios sentidos: por un lado, debemos obligar a las instituciones del país a tomar medidas fiscales y presupuestarias para desarrollar los servicios públicos, crear empleo público de calidad y mejorar las condiciones laborales del sector; y por otro lado, tenemos que construir alianzas para reivindicar y hacer realidad ante Madrid el derecho de poder decidir cuál es nuestro modelo de servicios públicos y cuáles son las condiciones laborales a las que aspiramos. La convocatoria del 31 de mayo es un momento para compartir esta reflexión tanto con las y los trabajadores como con la ciudadanía en general.
LAB llama en Nafarroa a una jornada de huelga durante el día 31 de mayo, y a realizar paros de dos horas en todos los centros de trabajo en la CAPV, y a hacer concentraciones de 11:30 a 13:00 en las plazas de los pueblos para poder así compartir nuestra lectura con la ciudadanía y personas usuarias, y por la tarde, realizaremos manifestaciones.