Los sindicatos LAB, ELA, CCOO, ESK y UGT nos hemos concentrado en Gasteiz ante la Diputación Foral de Araba.
Comunicado conjunto, al hilo de la movilización de hoy:
El sector de intervención social está conformado por más de un millar de personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, contratadas por diferentes empresas, que a su vez son subcontratadas por la Diputación Foral de Araba, Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz o el Gobierno Vasco para la gestión de servicios sociales que son 100% públicos y que atienden a personas en riesgo de exclusión social, menores en situación de desprotección, a familias vulnerables, mujeres que han recibido violencia machista, personas con problemas de salud mental o adicciones, entre otras.
Durante toda la pandemia los servicios prestados han sido considerados actividad esencial y las profesionales de Intervención Social han demostrado que son plenamente conscientes de su responsabilidad social. No sólo han aportado toda la fuerza de su trabajo y disponibilidad, si no que se han comprometido totalmente para hacer frente común a una situación inédita.
El pasado 10 de diciembre de 2020 se constituyó la mesa negociadora del III Convenio de Intervención Social de Araba. Desde este momento se han realizado 9 reuniones de negociación en los que los avances han sido a cuentagotas. El mayor obstáculo planteado por la patronal del sector, AISA, para modificar su posición ha sido la negativa de las instituciones a garantizar la financiación de las mejoras planteadas en el convenio.
Los sindicatos presentes en la mesa negociadora, ELA, CCOO, LAB, ESK y UGT compartimos la frustración provocada por la actitud de una patronal que carece de iniciativa para mejorar las condiciones del sector. Cruzarse de brazos esperando una llamada o una reunión que saben que no va a llegar no es la actitud que las trabajadoras del sector merecen.
En más de diez meses, AISA no ha presentado ninguna propuesta formal de acercamiento real a los planteamientos sindicales, el ejemplo más claro es que la patronal plantea una subida salarial de un total del 4% en 3 años, cuando el IPC interanual ya se sitúa en un 4% en septiembre de 2021. Es decir, ni siquiera se plantea garantizar el poder adquisitivo a las trabajadoras del sector. Una auténtica tomadura de pelo para un sector en condiciones muy precarias.
El planteamiento sindical, que tras consultar a las plantillas antes del verano rebajó de manera sustancial sus expectativas iniciales, sitúa la actualización salarial en un 6,5%, con garantía del IPC para el periodo de vigencia del Convenio 2021-2023.
También supondría una reducción de jornada de 8 horas anuales, además de mejoras en el complemento de IT, en licencias y permisos, derechos de conciliación de la vida familiar, social y laboral, la eliminación de algunas incompatibilidades entre pluses y el derecho al acceso al contrato de relevo.
La última plataforma sindical, absolutamente sensata y viable, ha sido rechazada por la patronal, bloqueando la negociación.
Ante esta situación, hoy, 20 de octubre, los cinco sindicatos con representación en el sector hemos llamado a realizar dos concentraciones, con posterior asamblea en la Plaza de la Provincia, para aprobar un potente calendario de movilizaciones solicitando a las Instituciones Públicas la financiación de las mejoras planteadas en el III Convenio de Intervención Social de Araba y a la patronal AISA que se comprometa a desbloquear la situación actual, preacordando las condiciones planteadas por la parte sindical cuanto antes.
Las Instituciones Públicas tienen la obligación de velar por la igualdad entre hombres y mujeres, garantizando, entre otras medidas, la mejora de las condiciones laborales en sectores tan feminizados como el de la Intervención Social. No vale con reconocimientos en privado ni públicos, como los realizados por el diputado de Políticas Sociales de Araba Emilio Sola en el último año, hace falta garantizar la financiación del III Convenio de Intervención Social de Araba en los presupuestos de 2022.
Es hora de olvidar excusas tan falsas y viejas como la aplicación de la ley de la desindexación de la economía española en el sector, que solo plantea la Diputación de Araba entre todas las instituciones del conjunto del Estado. Ley que no es de aplicación en el sector, tal y como nos ha dicho alto y claro el socio de gobierno del PNV en la Diputación, el PSE en reunión mantenida con el grupo juntero el pasado 18 de octubre.
En una coyuntura en la que nos cansamos de oír al diputado general de Álava, Ramiro González, que presentará los presupuestos más altos de la historia de Araba, es totalmente incomprensible la falta de voluntad política de los gobiernos del PNV y PSE.
Hoy, alto y claro, exigimos el reconocimiento de la labor de las profesionales del sector, reconocimiento que vendrá de un convenio digno, que volveremos a ganar en la calle, tal y como hicimos a finales de 2017, con movilizaciones que incluyeron 3 exitosas jornadas de huelga en el sector.