Más de lo mismo: así se puede resumir el proyecto que ha avanzado hoy el que será el nuevo lehendakari, Imanol Pradales. No hay intención de hacer cambios profundos en las políticas públicas llevadas a cabo hasta ahora, es más, en el acuerdo entre PNV y PSE se ensalza la gestión de los últimos cuatro años. Ha sido sin duda un Gobierno que ha vivido de espaldas a las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. En estos cuatro años ha habido mucha lucha sindical y social tanto en los centros de trabajo como en las calles. Los trabajadores y trabajadoras reivindicamos la necesidad de servicios públicos sólidos, de hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo y de dignificar los salarios, así como unas pensiones dignas o un sistema público de cuidados.
El anterior Gobierno ha actuado dando la espalda a todo ese movimiento. Ahora, una vez más, nos habla de poner a las personas en el centro, de no dejar a nadie atrás o de la necesidad de repartir la riqueza. Sin embargo, en el acuerdo que han presentado no hay medidas para ello. El acuerdo no contempla medidas que supongan un cambio real para mejorar las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras y los trabajadores vascos. Estas son, a juicio de LAB, las principales carencias:
- Dignificar los salarios para redistribuir la riqueza es imprescindible. En el acuerdo hablan de empleo de calidad, pero sin proponer medidas efectivas. Uno de cada dos trabajadores vascos tiene ingresos inferiores a 1.400 euros brutos. Para hacer frente a esta situación es necesario establecer un salario mínimo propio a través de un proceso de negociación colectiva intersectorial que se lleve a cabo respetando a la mayoría sindical, ya que los acuerdos amplios son imprescindibles para abordar este asunto que debería ser prioritario. Esta era una de las principales reivindicaciones de la Huelga General de 2020 y el propio Parlamento pidió hace más de un año al Gobierno que hiciera todo lo que estuviera en su mano para ello. Confebask no quiere impulsar este tipo de acuerdos y ni Urkullu ni el Departamento de Empleo del PSE han hecho absolutamente nada al respecto. Por su parte, Pradales se ha limitado a realizar una mera mención. LAB, sin embargo, considera urgente dejar de lado las generalidades y poner en marcha medidas concretas y factibles. Además, esas precarias condiciones laborales imposibilitan la emancipación de miles de jóvenes, y hoy en día el derecho a la vivienda se ha vuelto una quimera. En este sentido, el acuerdo no recoge medidas suficientes para garantizar el derecho a la vivienda.
- Asimismo, PNV y PSE desoyen las demandas del movimiento de pensionistas y de la mayoría sindical para garantizar una pensión mínima de 1.080 euros. En Hego Euskal Herria hay 200.000 personas pensionistas que perciben menos de 1.080 euros brutos, la mayoría de ellas en la Comunidad Autónoma Vasca.
- No se recogen medidas concretas para reforzar los servicios públicos. La situación es especialmente grave en Osakidetza. Señalar que tenemos un sistema público de calidad nos muestra que no hay intención de dar una respuesta efectiva al declive de Osakidetza. Mantienen la apuesta por debilitar el sistema público y reforzar el ámbito privado. No hay ninguna reforma fiscal que haga posible la mejora de ratios, la contratación de personal (suprimiendo las medidas que lo limitan), el incremento de la inversión y todo ello. PNV y PSE rechazan las reivindicaciones que hemos sacado a la calle los sindicatos
de servicios públicos en numerosas huelgas y movilizaciones. Hablan de autogobierno pero siguen sin atender a la petición de negociar aquí los salarios y las tasas de reposición de las y los empleados públicos.
- En lo referente al tema de los cuidados, las propuestas del movimiento feminista y de los sindicatos para constituir un sistema de cuidados público comunitario no tienen cabida en el acuerdo de gobierno. Quieren seguir haciendo negocio con los cuidados y abren las puertas a nuevas privatizaciones, apostando por las macroresidencias privadas. Sin transformar el modelo es imposible garantizar unos cuidados dignos que son, además, más necesarios que nunca en la sociedad actual. Asimismo, se quiere condenar a las trabajadoras de este sector, principalmente a las mujeres* migradas y racializadas, a trabajar en una situación de precariedad y explotación, por lo que es en vano hablar de igualdad de oportunidades.
- Tampoco se perciben cambios en lo relativo a política industrial. En lugar de dirigir la transformación que precisa la transición ecosocial, tienen como modelo la colaboración público-privada, es decir, la falta de políticas industriales. El Gobierno de PNV-PSE ha destinado dinero público a manos privadas y ha dejado en manos de multinacionales ámbitos estratégicos para nuestra industria en la última década. Es necesaria una política industrial sólida para fortalecer el arraigo de la industria en el territorio, la creación de puestos de trabajo y adelantarse a los cambios en el modelo productivo, pero nada de eso se refleja en el acuerdo PNV-PSE. No hay política de empleo sólida ante los empleos que hará desaparecer el hecho de hacer frente a los retos energéticos, y no se concretan las medidas a tomar para la reducción de jornada, tan necesaria para repartir y reorganizar el trabajo. Tampoco se indica ninguna intención de crear más empleos y de que estos sean dignos en los ámbitos imprescindibles para el sostenimiento de la vida.
- Finalmente, el acuerdo demuestra la falta de ambición para superar el modelo autonómico que está agotado. Queremos decidir las condiciones de trabajo y de vida aquí, sin injerencias, y eso requiere superar y renovar los marcos jurídicos políticos actuales. La ausencia de planificación para avanzar en la extensión del conocimiento del euskara y en la normalización del mismo y responder a los ataques que estamos viviendo también refleja esta falta de ambición.