La Mesa del Parlamento de Navarra ha comunicado a la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria su acuerdo de no aceptar a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada para mejorar la Renta Garantizada y hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda de alquiler social. Esto significa negar la posibilidad de que se pueda proceder a la recogida de firmas necesarias para llevar el debate al Parlamento de Navarra. Esa negativa se ha basado en que el Gobierno de Navarra ha ejercido el derecho a veto sobre esa ILP “por implicar incremento de los créditos presupuestarios”.
La Carta de Derechos Sociales considera inaceptable esta decisión, tanto desde un punto de vista democrático como desde un punto de vista social.
Es una posición profundamente antidemocrática
Basar la negativa en que las medidas propuestas en la ILP suponen incremento de los créditos presupuestarios supone negar la propia naturaleza de las Iniciativas Populares. Cualquier mejora social conlleva, lógicamente, aumento presupuestario. Negar que se pueda plantear algo en este sentido hace que se pueda llegar al absurdo de que una ILP solo se pueda proponer para empeorar los derechos sociales.
El actual Gobierno de Navarra ha actuado de forma diferente a lo que ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, la ILP presentada para complementar las pensiones hasta 1.080 euros no fue sometida a este veto, aunque tras la recogida de firmas no fue admitida a trámite en la primera votación en el Parlamento.
El veto al debate de iniciativas diversas alegando que suponen incremento del gasto presupuestario es la forma de proceder que ha desarrollado en el Estado español el Gobierno de Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos. Es una triste equiparación para un Gobierno que se califica como del cambio.
Supone un ataque a los derechos sociales
El derecho a acceder a una vivienda está siendo vulnerado en Navarra. Decenas de miles de personas, especialmente jóvenes aunque no solo, no se pueden independizar por motivos económicos. La ILP también plantea mejorar sustancialmente la Renta Garantizada, para que sea un instrumento efectivo de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
El Gobierno de Navarra pretende rechazar las mejoras propuestas en la ILP, y lo pretende hacer por la vía rápida, sin ni siquiera debate social. Es un ataque directo a las reivindicaciones recogidas en la ILP, reivindicaciones consensuadas entre las distintas organizaciones sindicales y sociales que formamos parte de la misma.
Una decisión grave
Las organizaciones que formamos la Carta de Derechos Sociales tomamos nota de esta actitud antidemocrática y antisocial del Gobierno de Navarra que ni siquiera se ha dignado en contactar con la Carta para analizar las medidas concretas recogidas en la ILP o trasladar su decisión de vetar el debate.
Nuestras decisiones
Ante esta situación la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria no va a cejar en su empeño en mejorar los derechos sociales, y mantiene intactas las reivindicaciones recogidas en la ILP que ha vetado el Gobierno de Navarra. Por ello se compromete a:
• Exigir al Gobierno de Navarra la inmediata revisión de la decisión adoptada con el objeto de permitir la admisión a tramite de la ILP.
• Exigir a los distintos grupos políticos que se posicionen ante esta decisión del Gobierno de Navarra y que lleven a debate parlamentario los contenidos recogidos en la ILP.
• Poner en marcha una campaña de denuncia de lo acontecido.
• Convocar una movilización en este mes Junio ante el Gobierno de Navarra las próximas semanas.
• Exigir un cambio de la ley actual de la ILP para impedir que el Gobierno de Navarra pueda ejercer derecho a veto alguno.