Recientemente hemos tenido conocimiento del proyecto de un nuevo Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración y donde se da más poder en estas nuevas competencias a las mutuas.
– Obligatoriedad de hacerse reconocimientos en contingencias comunes (que luego las mutuas cobrarán a Osakidetza y Osasunbidea, lo que supone financiar sanidad privada con dinero público)
– Posibilidad de proponer altas (y prácticamente dar altas ya que si atención primaria no contesta en 4 días será un alta a todos los efectos y hay que tener en cuenta que hoy en día cuando pides una cita para tu medico de cabecera en muchas ocasiones te dan la cita con mas de 4 días, por lo que el alta seria automática sin que la inspección médica de los departamentos de sanidad pueda jugar ningún papel)
– Capacidad de conocer toda nuestra historia clínica de los servicios públicos de salud (pero no al revés, Osakidetza y Osasunbidea no tienen derecho a conocer nuestra historia clínica en la mutua)
– Decidir si una baja es de origen común o profesional (ya que si la mutua niega el origen laboral de una enfermedad el trabajador o trabajadora solo tiene 4 días para presentar su reclamación ante el INSS, sin mas informes médicos que los propios utilizados por la mutua para negar el origen laboral de la patología o accidente)
– Altas económicas, sanciones por no acudir a una cita aunque se esté impedido para hacerlo (ya que al de 2 días se suspenderá la prestación económica, aunque esa persona este ingresada en el hospital, primero suspenden la prestación y luego analizan si fue justificada la incomparecencia)
Este cambio normativo hay que encuadrarlo en el rumbo iniciado en la década de los 90 y más pronunciado en la actualidad, ya que bajo la excusa de la coyuntura económica, del fraude en la utilización y duración de las bajas (el cual nunca ha sido realmente cuantificado) o incluso la sospecha de fraude en lo publico, quieren descapitalizar lo publico y darle el negocio al ámbito privado, también en un tema básico como es la salud.
Pero si bien, no existe un estudio del fraude de las bajas en el sistema publico, simplemente es una mentira que repetida mil veces quieren convertir en verdad, ya que por ejemplo un informe de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas referido al año 2011, indica que el 72% de la población activa no presenta en el plazo de un año ninguna incapacidad temporal por enfermedad común, frente al 17,5% que ha tenido un único episodio, y sólo el 10,5% que ha tenido más de uno. Lo que si existen son diferentes estudios donde por un lado se estima que existiría un subregistro de patologías de origen laboral que llegaría a un 64%, especialmente cuando hablamos de enfermedades mentales, respiratorias y, sobre todo de cánceres. Y por otro, se hace una estimación del coste que asume la sanidad publica y que debiera ser atendida por las mutuas, ya que se debe a esas malas practicas y a negar el origen laboral de los daños a la salud y que sean asumidos por el sistema publico. Pues bien, se estima que mas del 18% del gasto sanitario publico debiera ser asumido por las mutuas. En la CAPV OSALAN hizo un estudio en donde se ratifica como 106 millones de euros del gasto de la asistencia hospitalaria pública (solo asistencia hospitalaria, no se han incluido otros gastos, por lo que esta cifra en realidad debe de ser mucho mayor) corresponde en realidad a bajas que deberían ser reconocidas como laborales y ser asumidas por las mutuas. Pero a pesar de ello, se les da más competencias a las mutuas sin ningún control, para que puedan seguir defraudando y extendiendo sus malas prácticas. Sin tener en cuenta qué costo supone para la salud y para la sociedad.
Desde LAB consideramos este proyecto de RD como una vuelta de tuerca privatizadora y centralista que va a suponer una pérdida de derechos en referencia a la salud de la clase trabajadora, ya que van a dotar de mayor poder de actuación a estas asociaciones de empresarios que son las mutuas patronales, vaciando de contenido y competencias a los sistemas públicos de salud y sus profesionales (Osasunbidea y Osakidetza)
En definitiva, podemos decir sin miedo a equivocarnos que el modelo actual que tenemos y las constantes reformas realizadas y las que están llamando a la puerta, van hacia el camino equivocado, se ahonda en el desmantelamiento del sistema publico, avanzamos hacia un modelo centralista, privado y economicista de la salud, financiado con dinero publico que gestionan mutuas patronales, que dualiza el sistema (uno de gestión privada para trabajadoras y trabajadores en activo y el público descapitalizado más cercano a la beneficencia) y en el que se les va a dar todo el poder a esas asociaciones de empresarios que son las mutuas, sin ningún control, sin perseguir el fraude en el registro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Todo ello bajo la excusa de la mejor gestión “privada” que la pública, pero lo que no dicen es los costes que la sociedad paga por sus altas tempranas, despidos de personas enfermas o secuelas evitables.
Es por ello que desde LAB reafirmamos nuestro compromiso en el impulso y la creación del Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Protección Social, para que aquí podamos decidir qué modelo queremos, en definitiva un modelo público, universal, participativo, libre de mutuas, de atención integral, donde la salud de la clase trabajadora sea un derecho en sí mismo y no esté condicionada por factores económicos, sino únicamente por criterios de salud.
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