LAB hace una valoración crítica del Decreto de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público que aprobará el Gobierno Vasco. Aunque supone algunos avances respecto al decreto anterior, es totalmente insuficiente. En definitiva, este proceso de renovación del decreto es una oportunidad realmente perdida para dar el salto en la euskaldunización de la administración vasca. Por un lado, porque el proceso de normalización del euskera no aprovecha las condiciones favorables que tiene en la actualidad; por otro, porque dicho proceso no responde a las necesidades y retos a los que se enfrenta en este momento y en un corto plazo.
Un decreto que no responde a las necesidades y retos actuales de la euskaldunización de la Administración.
Decimos que el nuevo Decreto supone algunos avances respecto al hasta ahora vigente Decreto 86/1997, pero no es un logro significativo, ya que han transcurrido 27 años desde su aprobación. Aunque en estas tres décadas se han dado pasos notables en la euskaldunización de la administración, este decreto no actúa con ambición ni se plantea aprovechar lo avanzado para dar nuevos saltos cuantitativos y cualitativos. Pero, junto a ello, tampoco tiene en cuenta la extensión del conocimiento del euskera en la sociedad, especialmente en las franjas de edad más jóvenes. Esto permite hacer más ambiciosa la demanda de perfiles lingüísticos de la administración, entre otros, lo que no se hace con este decreto.
Además de no aprovechar estas oportunidades, LAB valora con preocupación que el decreto no aborde adecuadamente las necesidades que tiene en estos momentos la euskaldunización de la administración y los retos que deberá abordar en un corto plazo.
De esta forma, el presente Decreto no responde adecuadamente a la necesidad de dar cobertura jurídica a la actuación judicial que en los últimos tiempos se está intensificando contra la euskaldunización de la Administración.
Junto a ello, el decreto tampoco aborda la traducción automática, que será el principal reto de futuro en la dimensión que requiere el mismo.
Un decreto que incrementa los riesgos de profundizar aún más en la falta de tensión que se está produciendo en la euskaldunización de la Administración.
LAB ha denunciado en varias ocasiones que en los últimos años se está perdiendo notablemente la tensión en la euskaldunización de la administración. Pues bien, este decreto no viene a revertir esa alarmante pérdida. Un objetivo que ni siquiera contempla. Es un paso más en la mencionada inercia conformista. Se indica que se quiere extender el euskera como lengua de trabajo, pero a continuación no se recoge para ello un verdadero conjunto de medidas eficaces y potentes, ni se transmite un impulso decidido en esa dirección.
También corren el riesgo de profundizar en esa pérdida de tensión medidas como la flexibilización de la acreditación de los niveles de euskera o la asimetría de los perfiles lingüísticos recogida en el decreto. Igual que bajar el nivel de exigencia o adaptarse tiene sus posibilidades, es una apuesta con riesgos evidentes. Si esta constatación general y casi indefinida no es realmente equivalente al nivel de conocimiento acreditado, será un elemento y que dificulte la atención y el trabajo en euskera. LAB tiene la preocupación de que no se esté abriendo una amplia vía de escape hacia el fraude.
La euskaldunización de la Administración no puede ser un proceso eterno.
Esta secuencia rutinaria de planes de euskera y decretos no puede ser eterna, a pesar de que los responsables políticos de la administración así lo den a entender. El proceso de normalización del euskera tiene un objetivo concreto, que es que la administración trabaje y ofrezca el servicio en euskera de forma normal y completa, objetivo que debería recogerse claramente también en este decreto. No sólo eso, también habría que recoger los plazos y pasos concretos para conseguirlo. Hay condiciones para ello y la mayoría de la ciudadanía vasca lo exige.
Para ello, Euskalgintzaren Kontseilua, LAB y ELA presentamos hace dos años una propuesta realista y alcanzable para euskaldunizar la administración pública vasca en 15 años. Lo que hace falta es una voluntad política sincera para llevarla a cabo.
Nueva ley de euskera y nueva política lingüística para la euskaldunización de la Administración.
El presente Decreto tiene su base en la Ley del Euskera vigente desde 1982. Si el decreto de 1997 que viene a sustituir a este Decreto está obsoleto, ni que decir tiene la ley que es 15 años más antigua. Normativas y políticas lingüísticas obsoletas y que no responden a las necesidades y retos actuales de la euskaldunización. LAB considera que es hora de que las instituciones aprueben una nueva Ley del Euskera adecuada y apliquen una nueva política lingüística eficaz.