Un sistema que permite que se lleve a cabo un fraude de la magnitud demostrada durante 17 años no se puede sostenerse durante más tiempo. La transparencia y responsabilidad que se supone a la normativa actual de comedores no ha sido tal. Los mecanismos de control correspondientes al Departamento de Educación han sido inexistentes. Las responsabilidades políticas y técnicas, recogidas en el art.34 de la orden de comedores, no se han depurado.
La responsabilidad económica de las empresas del cártel de comedores se ha visto mermada por la falta de seguimiento del Departamento de Educación, concretamente desde la Viceconsejería de Administración y Servicios, responsable directa de la contratación de las empresas condenadas. El último cambio en los pliegos de contratación no es suficiente.
LAB reitera que es tiempo de acabar con el modelo de externalización de servicios públicos. Los recursos públicos deben dejar de alimentar empresas privadas que centran su objetivo en el mero beneficio económico.
En el caso de los comedores escolares se debe priorizar:
– Una alimentación sana, local, agroecológica y de temporada.
– Que el comedor escolar se reconozca como espacio educativo.
– Que las personas trabajadoras dejen de ser tratadas como una mercancía más, pasando a ser trabajadoras contratadas por la administración.