La empresa Konecta BTO que da servicio de atención telefónica a los clientes de Iberdrola, desde su llegada a la planta de Güeñes en diciembre del 2010, ha despedido en el año y tres meses que lleva instalada, por diversas causas, a 70 trabajadoras.
Tras el cambio de empresa que se produjo para la prestación del servicio, entre Customer Works y Konecta, donde la plantilla realizó 17 días de huelga para conseguir su subrogación, el ERE de extinción fue rechazado en un primer momento por la Delegación provincial de Trabajo, quien al igual que las trabajadoras, detectó que se trataba de un proceso de Subrogación, no conforme la empresa, planteó un recurso ante el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco, quien finalmente permitió los despidos.
Desde entonces, todos y cada uno de los tribunales que han analizado las diversas denuncias planteadas por trabajadoras reclamando su antigüedad y derechos anteriores, han dado la razón a las trabajadoras, dejando en entredicho la decisión del Gobierno Vasco.
Tanto la decisión del Gobierno Vasco como las maniobras de Iberdrola para que no se subrogue a la plantilla, una y otra vez han quedado en entredicho, ya que los poderes económicos, cuando no les interesa, como se ha demostrado, no aplican ni la legalidad vigente y los poderes políticos, al servicio de éstos, no dudan en complacerles.
Hoy con la nueva reforma laboral, redactada a gusto de la patronal y aprobada por el PP, quien no ha dudado en dejar en papel mojado todos y cada uno de los derechos de las y los trabajadores, han encontrado otra nueva forma de despedir barato.
El pasado 1 de marzo, sin notificación previa de 15 días, puesto que hubiera aguado la inauguración de la torre de esta compañía “modelo”. Las trabajadoras y trabajadores acudieron como cualquier día a su trabajo. Durante esta jornada fueron llamando de forma individual a 11 trabajadoras y trabajadores al despacho para notificarles su despido procedente, por haber estado más de un 20% de su jornada de baja durante dos meses consecutivos, aun siendo ésta con justificación médica. Esto supone que si te encuentras 8 días de baja puedes ser despedido, con una indemnización de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades. Cabe decir que para acceder al tope, es necesario tener 18 años de antigüedad. Curiosamente, a estas trabajadoras en la indemnización les abonan toda su antigüedad, abonándolas en algunos casos hasta 8 años, es decir incluso anterior al cambio entre Resulta y Customer, cuando si la empresa defendiese su tesis, tendrían una antigüedad de 15 meses y una indemnización que no llegaría al salario de un mes.
A todo esto debemos sumar la oferta de traslado hecha por la empresa en la misma fecha que estos despidos, para otras 7 trabajadoras y trabajadores, a quienes pretende enviarlos a Barcelona, de no aceptar, tienen el mismo tipo de indemnización por despido objetivo. Ésta es otra de las materias ampliadas en la reforma. Difícilmente algún trabajador o trabajadora se va a poder trasladar, dejando aquí a sus familiares, sus compromisos, en algunos casos en forma de hipotecas y empezar una nueva vida con 900 euros de salario. Entendemos que son despidos encubiertos.
Por todo esto, nosotras, Irantzu Llamosas y Leire Sainz-Ezkerra como delegadas de LAB, desde este mismo momento hemos decido emprender una huelga de hambre indefinida, que llevaremos a cabo en la Kultur-Etxea de Güeñes, hasta que nos desalojen, puesto que desde el ayuntamiento, regido por el PNV, nos han negado un local. Si se produjese este desalojo, no interrumpiría esta huelga, ya que estamos barajando otras opciones. La determinación es clara, nuestras reivindicaciones son las siguientes:
-Readmisión de las 11 despedidas.
-Anulación de la orden de traslado para estas 7 compañeras.
Todos estos despidos también han sido posibles en cierta medida porque el Ayuntamiento, en el acuerdo alcanzado con Iberdrola para su establecimiento en Güeñes, les cedió el suelo a cambio de mantener el empleo durante 3 años solamente. Este compromiso finalizó en 2005.
El acuerdo de cesión del suelo es por 75 años y la compañía eléctrica, solamente tiene que abonar un canon de 600 euros anuales, que no abonan, con opción de compra y estas cantidades se descontarían de la cantidad final.
Por ello solicitamos también a las instituciones que renegocien este contrato y que se apueste por la planta de Güeñes, ya que vemos cómo otras plantas crecen en Barcelona y Chile, mientras en Bizkaia se están desmantelando.
Bilbao, 9 de marzo de 2012