Ante la crisis generada por el Coronavirus-Covid19, desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria instamos a las instituciones a tomar medidas favorables a la clase trabajadora y a la mayoría social vasca. Ante esta situación de emergencia, los agentes que conformamos la Carta abogamos por adoptar medidas que posibiliten hacer frente a esta situación excepcional, pero también construir un sistema que sitúe los cuidados y las vidas en el centro.
Ante el coronavirus y la crisis del sistema, la Carta de Derechos Sociales de EH por unas vidas dignas. Prioridades Sociales
La Carta afirma que “la crisis del Coronavirus ha evidenciado que el actual modelo de sociedad necesita cambios de calado”. Subraya que es la salud de la clase trabajadora y, de la de la ciudadanía, en general, la que está en juego, y muestra su preocupación ante lo que podría convertirse en “un nuevo ataque de las élites económicas y políticas a corto plazo aprovechando el contexto de la crisis sanitaria”. Los sindicatos y agentes sociales que conforman la Carta muestran su disponibilidad para adoptar medidas para hacer frente a la situación, pero también, recalcan, para construir un nuevo sistema que sitúe los cuidados y las vidas en el centro de todo.
Para ello, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria presenta una batería de propuestas concretas con unos objetivos claros: desarrollar los servicios públicos; proteger a los colectivos en situación más precaria; garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, a una alimentación sana, al agua o la energía; desarrollar trabajos de cuidados; luchar contra la violencia machista; defender y garantizar el empleo; tomar medidas para que la clase trabajadora no pague las consecuencias de la crisis…
Denuncian que los gobiernos español y francés están aprovechando la alarma generada por la pandemia del Coronavirus para acentuar la recentralización del estado. Ante esta situación, subrayan que es más necesario que nunca reivindicar soberanía política y material, por lo que, añaden, los instrumentos públicos y comunitarios que sostienen la vida deben estar bajo control de la ciudadanía y en función del derecho a decidir. “Es el momento de sumar y articular fuerzas en torno a un nuevo modelo”, remarcan.