Además de solidarizarnos con sus compañeros, familiares y amigos, subrayamos que las reformas laborales no han hecho más que aumentar la precariedad, además de criticar la indiferencia de las instituciones que deben garantizar la salud laboral hacia el tema.
El martes al mediodía murió en Astilleros Murueta de Erandio el trabajador subcontratado M.A.C.P, de 66 años, al caerle encima una gran tubería que estaba soldando. Al parecer, el polipasto que sujetaba el tubo falló y quedó atrapado. Se trataría del trabajador número 53 fallecido en accidente laboral en 2023 en Euskal Herria.
Ante lo sucedido, nos planteamos las siguientes preguntas: “¿Cómo se puede permitir que un trabajador de 66 años trabaje sólo en estas condiciones? ¿Por qué no se han cumplido las medidas de seguridad? ¿Por qué no se ha garantizado la figura del recurso preventivo? ¿Cómo se puede permitir que la mayor parte de la producción de un astillero se realizen por subcontratas? ¿Bajo qué condiciones laborales se encuentran estos trabajadores subcontratados?”
Detrás de estas preguntas están las causas del accidente. Algunas de las condiciones que se encuentran detrás de este accidente vienen a consecuencia de las últimas reformas, como el factor de la edad. Podría decirse, por tanto, que la precarización de las reformas laborales y de pensiones contra los trabajadores y las trabajadoras ha aumentado la siniestralidad laboral.
En el caso de Astilleros Murueta, además, la subcontratación es uno de los principales elementos que aumenta la precariedad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. En los últimos años la base del negocio de Astilleros Murueta se ha centrado en empresas y personal subcontratado. Esto ha rebajado las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de las diferentes empresas que trabajan en el centro y no se han garantizado las medidas de salud laboral.
Para que estas situaciones potencialmente mortales se produzcan de forma tan habitual, existe la connivencia de la administración. Hace tiempo que venimos denunciando que la función de Osalan es meramente consultiva, no hace seguimiento de las empresas y tampoco hacer cumplir de la normativa. Mientras tanto, la inspección de trabajo, competencia del Gobierno de la CAV, no tiene capacidad ni voluntad para hacer cumplir dichas normas de seguridad y prevención. Esto hace que la legislación de salud laboral sea la menos cumplimentada y los trabajadores y las trabajadoras lo pagan con su vida.