La diputada de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa, Maite Peña, señala en Berria que el modelo de sistema de cuidados que proponemos el resto de agentes y que propone la diputación son muy similares en la práctica. También dice que el modelo guipuzcoano es fuerte y que están empezando a hacer una transición hacia un modelo centrado en las personas.
Por un lado, habla de reforzar, flexibilizar y adecuar los cuidados que se van a dar en casa. De hecho, cuando se refiere a los cuidados que se prestan en el hogar, se refiere a las trabajadoras de ayuda a domicilio y del hogar. En el caso de las trabajadoras de ayuda a domicilio, son las empresas privadas las que gestionan sus condiciones laborales y el servicio que se presta a las personas usuarias. Son las diputaciones forales y los ayuntamientos quienes impulsaron e impulsan la privatización a través de pliegos y licitaciones. En el caso de las trabajadoras de hogar, la contratación se realiza de forma privada y es un sector feminizado y totalmente explotado, sin convenio laboral.
Por otro lado, los sindicatos y el movimiento feminista hemos denunciado en numerosas ocasiones que la atención que reciben las personas usuarias no es de calidad debido a la privatización, y frente a ello, la diputada responsable de Cuidados y Políticas Sociales afirma que el 90% de las plazas de Gipuzkoa son públicas y que el liderazgo es público. Que la responsabilidad de la prestación del servicio sea pública no implica que el propio servicio sea de gestión directa, es decir, que sea público. Lo que quiere decir, o mejor dicho, la realidad es que el dinero recibido de las rentas de las y los guipuzcoanos, que es público, lo destina la diputación a los bolsillos de las empresas privadas y que las decisiones y las gestiones en torno a estos servicios de cuidados las toman las empresas, en detrimento de personas usuarias como de los y las trabajadoras.
LAB defiende firmemente que el sistema de cuidados debe ser público, es decir, que todos esos servicios que están privatizados sean asumidos por la administración pública. Porque es un trabajo público y tenemos que reforzar los servicios públicos. Por ello, todas las empresas privadas deben desaparecer del sector de cuidados y las Administraciones deben asumir su gestión directa. Pero, como explica claramente Maite Peña, «no cree en el sistema público comunitario de cuidados y sostiene que el modelo actual trae buenos resultados». Ante esto, el choque de modelos es evidente: si seguir en el sistema de cuidados privatizado o caminar hacia un modelo diferente. Nosotras creemos que las cosas se deben y se pueden hacer de otra manera y vamos a poner nuestras empeño en ello.
Para LAB las administraciones que profundizan en la privatización y la precariedad son equiparables a la patronal. Ante esto, la diputada de Cuidados y Políticas Sociales explica que las condiciones de trabajo de las y los trabajadores privatizados no son responsabilidad suya, que eso se regula en una mera negociación entre patronal y trabajadores y trabajadoras, como si ellos no tuvieran responsabilidades al respecto. ¿Es que la cantidad de dinero que manejan estas empresas no se la da la diputación foral?
Por lo tanto, sí que tenéis la competencia y la posibilidad de tomar decisiones sobre las condiciones de trabajo, tanto para destinar el dinero, al control y calidad del servicio, a las y los trabajadores del sector, a mejorar sus condiciones de trabajo y vida…
Para hablar de todo ello, vamos a realizar una petición de reunión urgente para explicar a la diputada la realidad del sector y nuestro punto de vista. Seguiremos poniendo de manifiesto los claroscuros que existen en este sector totalmente feminizado, racializado y precarizado.
Porque la privatización es la miseria de las trabajadoras del cuidado, el sindicato LAB se reafirma en la lucha por el sistema público comunitario de cuidados.