Begoña Mendiguren, Carlos Hernández e Izaskun Arotzena, trabajadoras de intervención social y miembros de LAB, escriben el siguiente artículo de opinión:
Integradoras, educadoras, trabajadoras sociales, psicólogas y demás profesionales formamos una red de Servicios Sociales con una larga trayectoria. Aunque apenas se nos conoce, estamos en todas partes: en viviendas, salas de espera, supermercados, farmacias, hospitales, tiendas, bares, calles… atendemos en persona, por teléfono, on-line. Estamos en todos los lugares imaginables, haciendo todo tipo de tareas, para atender las necesidades de las personas. Nuestra tarea es acompañar personas, apoyarlas para que ocupen su lugar en la sociedad. Por eso no se nos ve, porque no somos las protagonistas, sino las que las acompañamos. Defendemos el derecho de todas a tener una vida digna y un lugar donde poder ser y estar mejor.
Últimamente la sociedad ha atravesado distintas crisis económicas y sanitarias, también de valores. Estas crisis han tenido consecuencias en nuestro sector, sobre todo porque han afectado a las personas con las que trabajamos, pero también porque han supuesto un deterioro de las condiciones en las que trabajamos. Lo social nunca es lo prioritario en los programas políticos, ni tampoco lo más urgente en las agendas institucionales. Desde la pandemia, esta situación, que siempre fue bastante precaria, ha empeorado, agrandando la vulnerabilidad de las personas con las que trabajamos. Una precariedad que también ha golpeado a las profesionales.
Nuestro trabajo es de interés público porque atiende derechos, por ello las administraciones públicas son tan responsables, o más, que la propia patronal del sector social a la hora de garantizar la financiación y las condiciones de nuestro trabajo. Sin embargo, nos encontramos con cada vez menos subvenciones, con convenios que plantean exigencias desproporcionadas y condiciones inasumibles, con burocratizaciones excesivas y un largo etcétera de situaciones que redundan en el empeoramiento de nuestro trabajo. Son muchas las razones que explican la situación, pero nos resulta especialmente preocupante la pérdida de importancia de nuestro sector en la conciencia de los responsables públicos, quienes, al no considerar como prioritarios los derechos que garantizamos, devalúan nuestra labor, generando la indefensión de las personas con las que trabajamos y el abuso hacia ellas.
En nuestro mundo las prioridades cambian rápida y constantemente, lo que lleva a las administraciones a responder a estímulos virales de las redes sociales o a incendios artificiales generados por los medios de comunicación, desatendiendo las necesidades reales. No nos escuchan a las profesionales del sector, que somos quienes deberíamos marcar las prioridades de la agenda social, desde el conocimiento de los problemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Como consecuencia de la falta de criterio y el seguidismo de las “modas” mediáticas, las administraciones públicas realizan peticiones inconsistentes, apresuradas e incluso contradictorias del tipo “extinción de incendios”, que no siguen planificaciones ni metodologías adecuadas para atender a las necesidades reales. Esto nos impide desarrollar la buena praxis y la calidad de atención que las profesionales buscamos y deseamos, y que nuestras usuarias merecen.
Y, ¿cómo han respondido las entidades sociales a esta deriva de la administración? Poco a poco han ido pasando de asociaciones a empresas y han adquirido los modos y formas de la propia administración, los mismos que criticaban y contra los que luchaban, no hace tanto. Podemos definir este proceso como burocratización, aunque han pretendido “venderlo” como profesionalización, pero, en realidad, no ha sido una búsqueda de la mejora de las condiciones laborales y de intervención (que es la profesionalización por la que luchamos las profesionales), sino una excusa para jerarquizar y privatizar las entidades que habían construido la red de intervención social en nuestro territorio.
Las más de 30 organizaciones del sector en Bizkaia, apenas nos conocemos entre nosotras. Estamos bajo el paraguas de las instituciones, tanto ayuntamientos como DFB, y son ellas las que tienen la obligación de prestar los servicios que damos de forma privatizada y delegada. Nos mantienen separadas y nos hacen competir por unos recursos insuficientes, nos empujan a negociar por separado con una patronal que saben sumisa a sus intereses y que vive amenazada por el sistema de financiación que han construido en el sector, que se convierte así en un chantaje, más que en una herramienta de profesionalización y garantía de servicios.
El deterioro de nuestras condiciones laborales es evidente: más trabajo, menos dinero, pérdida y reducción de derechos, precarización de nuestros empleos, faltas de respeto continuadas, ataques a la dignidad, pérdida de poder adquisitivo, deterioro de calidad de vida, falta de estabilidad, etc.
¿Cómo nos sentimos? Frustradas, desesperadas, desmotivadas, tristes… ¿Dónde quedan la filosofía y la ética de nuestro trabajo, de la intervención social? ¿Dónde están los valores de nuestras entidades y de las administraciones públicas? ¿Dónde la dignidad de las usuarias, pacientes y receptoras, pero también de las trabajadoras? Estas dudas nos enfadan, porque indican que se ha perdido la humanidad en nuestra labor, que por definición es humana y humanitaria.
Por eso, en este 2023, aunque no nos guste, nos toca ponernos en el centro, para reivindicar la mejora de nuestra profesión. Por nosotras y por las personas a las que acompañamos, para poder hacerlo con los recursos adecuados a las necesidades de acompañantes y acompañadas. Para conseguir unas condiciones laborales que nos permitan tener proyectos de vida dignos, recursos suficientes para no enfermar ni sufrir burn out. Para evitar los riesgos que implican ratios imposibles de cubrir, para defender derechos y sueldos dignos, garantizar las sustituciones, apoyar al desarrollo laboral y formativo.
Cargamos con la herencia de una profesión feminizada y ligada a la beneficencia, por eso se espera que estemos siempre ahí, dispuestas a todo,si no, ¿quién prestará esos cuidados?
Pero si realmente se quiere que estemos, se debe atender a nuestras demandas. Porque pedimos que se nos trate con la misma dignidad y profesionalidad con la que queremos atender a las personas a las que tratamos. Queremos que se entienda la necesidad de nuestro trabajo, porque si hacemos estas demandas de dignidad y justicia laboral, es para reivindicar la dignidad y la justicia social que merecen las personas a las que acompañamos, que son las que más van a beneficiarse de las mejoras de nuestras condiciones laborales.
Trabajamos cuidando personas y garantizando derechos, por eso reivindicar nuestros derechos y nuestro propio cuidado forma también parte de nuestro trabajo.