La posibilidad de que el personal contratado por la Administración pueda acceder a cobrar el grado ha abierto la veda para que algunas organizaciones sindicales echen las redes y traten de pescar en río revuelto. Desde LAB apostamos por el trabajo concienzudo y firme en todos los frentes. Las posibilidades están abiertas pero pedimos calma porque estamos a la espera del dictamen que tiene que emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Las sentencias del TJUE de setiembre de 2016 abrieron la posibilidad de acabar con la discriminación que sufre el personal contratado con respecto al personal fijo. Fruto del análisis que desde LAB hicimos de esas sentencias, en diciembre de 2016, presentamos una queja ante la Comisión Europea referente al cobro del grado por parte del personal contratado. Al mismo tiempo presentamos dos demandas en el Juzgado Contencioso Administrativo de Navarra por el mismo tema.
Hay que recordar que nunca (ni antes de las sentencias europeas ni después) el Contencioso ha admitido el derecho del personal contratado a cobrar el grado. Se han perdido todas las demandas interpuestas por todos los sindicatos y personas a nivel particular. La última, que sepamos, el pasado mes de diciembre cuando Afapna perdió un juicio ante el TSJN y además fue condenado en costas.
Por este motivo, cuando llegó el día de la vista en el contencioso, el pasado mes de enero, solicitamos al juez la suspensión del juicio para esperar a que Europa se pronuncie sobre la queja que habíamos interpuesto en 2016. El juez accedió a nuestra petición y nos hizo saber que él mismo había elevado ante el TJUE una cuestión prejudicial sobre el mismo tema.
Así pues, hay que esperar a que se pronuncie el TJUE antes de tomar cualquier medida. Desde LAB estamos en contra de crear falsas expectativas o tomar medidas precipitadas y recomendamos, en estos momentos, a todo el personal interesado, tener calma.
En cuanto sepamos qué dice el TJUE, y nuestros servicios jurídicos hayan analizado el contenido de la resolución, haremos saber a todo el personal interesado los pasos que deben dar.
Mientras esperamos a que se pronuncie el Tribunal Europeo, desde LAB seguimos y seguiremos insistiendo en todos lo ámbitos y ante todos los responsables políticos en la necesidad de acabar con la injusta discriminación que sufre el personal contratado.