Según los datos de agosto, hay 147.161 personas desempleadas registradas en las oficinas del SEPE, 3.075 más que en julio. El paro sube. La mayoría de las personas paradas, el 58,01%, son mujeres, 85.376 en total. Ante esta situación, junto con la activación de conflictos laborales concretos que se están extendiendo a nivel local, LAB propone una respuesta sindical y social general, ya sea para reivindicar otro tipo de políticas de empleo o para pedir la capacidad legislativa necesaria para hacerlas realidad.
Si analizamos la edad de las personas desempleadas, casi la mitad tienen más de 45 años (%49,96) y una parte importante entre 30 y 44 (34,10%). Por su parte, son muchos menos quienes tienen entre 25 y 29 años (8,86%) y las y los menores de 25 años (7,06%). Las cifras son similares a las del mes anterior. La mayor parte de las personas desempleadas se corresponde con el colectivo de trabajadores y trabajadoras con más de 45 años, con un acceso más difícil al mercado de empleo.
Si analizamos la edad y el género de forma conjunta, en todas las franjas de edad son mayoría las mujeres, excepto entre las y los menores de 25 años. La diferencia más grande entre géneros se encuentra en el intervalo de edad de entre 30 y 44 años, ya que en éste el 60,7% de las personas desempleadas es mujer. En el grupo de edad con mayor número de pesonas paradas, el de mayores de 45 años, el 57,3% son mujeres.
En lo que respecta a la calidad del empleo, se imponen la temporalidad y la inestabilidad. Los contratos indefinidos de agosto sólo han supuesto el 6,40% del total. Los de obra o servicio han supuesto el 25,18% y los eventuales por circunstancias de la producción han ascendido al 51,49%. En total, un 93,6% de la contratación ha sido temporal, porcentaje que se eleva hasta el 94% en el caso de las mujeres. Los riesgos de esta temporalidad son evidentes, ya que constituye un obstáculo para conseguir un empleo estable y una vida digna para los y las trabajadoras.
Tal y como hemos denunciado más de una vez, el proceso de precarización de las condiciones y de vida y trabajo sigue adelante en Euskal Herria. Los planes de empleo de las instituciones públicas no son capaces de cambiar la situación, más aún, parece que el papel de las instituciones se limita a ofrecer datos estadísticos, como si fueran notarios de la precariedad.
Ante esta situación, es fundamental reforzar la acción sindical. Junto con la activación de conflictos laborales concretos que se están extendiendo a nivel local, LAB propone una respuesta sindical y social general, ya sea para reivindicar otro tipo de políticas de empleo o para pedir la capacidad legislativa necesaria para hacerlas realidad.