El sindicato participa en el Consejo de Administración de Lanbide para favorecer a las y los trabajadores.
Hoy LAB ha participado en el Consejo de Administración de Lanbide y ha aprovechado su intervención para lanzar una advertencia sobre el buzón establecido para denunciar el presunto uso indebido de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI): pone la precariedad en el punto de mira, criminalizando a las personas más vulnerables.
LAB, en su X Congreso, tomó la decisión de trasladar también al ámbito institucional las luchas que desarrollaba en los centros de trabajo y en las calles. Pas o a paso, estamos ocupando nuestro lugar en los espacios de participación institucional, y el paso de hoy de formar parte del Consejo de Administración de Lanbide responde a esa lógica y decisión.
Además de llevar al Consejo de Administración una lectura crítica de la acción de Lanbide, la participación de LAB tendrá dos objetivos principales:
Por un lado, debemos tener en cuenta que la naturaleza jurídica de Lanbide va a cambiar en los próximos meses, tal y como está establecido en la Ley Vasca de Empleo. Pasará de ser un organismo autónomo a un Ente Público de Derecho Privado, abriendo la puerta a la privatización y dejando consecuencias negativas en la situación de las actuales personas trabajadoras. LAB, por tanto, utilizará su participación en el Consejo de Administración para controlar los retrocesos que este cambio de personalidad jurídica pueda suponer, así como para realizar propuestas.
Por otro lado, llevaremos al Consejo de Administración temas e iniciativas de especial relevancia para los y las trabajadoras de la Comunidad Autónoma Vasca: medidas dirigidas a colectivos específicos de personas trabajadoras, medidas generales o lecturas y críticas sobre políticas concretas. En este sentido, hoy hemos querido denunciar la implantación por parte de Lanbide de un buzón para denunciar posibles fraudes con la RGI.
Dicha medida criminaliza la pobreza. Los datos demuestran que el fraude de las personas perceptoras de la RGI es muy residual; el problema de fraude que tiene este país es el fraude fiscal de grandes capitales y empresas, ya que evitan el pago de impuestos a través de complejas ingenierías fiscales. Este tipo de medidas, además de criminalizar la pobreza, también contribuyen a crear una opinión pública, con discursos que legitiman el mensaje y el marco de la ultraderecha, poniendo la atención no en el reparto de la riqueza y en los grandes
defraudadores, sino en las personas trabajadoras que viven en la precariedad y la pobreza. El Gobierno Vasco ha decidido iniciar una guerra contra las personas pobres en lugar de combatir la pobreza, poniendo estas situaciones en el punto de mira más que en superar las situaciones de vulnerabilidad. Por si esto fuera poco, se trata de un paso para convertir a la sociedad en delatora, que alimenta la sospecha y la desconfianza entre la sociedad y que favorece la división, en vez de impulsar valores de solidaridad frente a la pobreza. La Administración pública ha dejado además sobre la sociedad la garantía de un adecuado pago de sus
prestaciones, transmitiendo el mensaje de que sus medios no son suficientes.
Por todo ello, hoy LAB ha pedido al Gobierno Vasco, y más concretamente al Vicelehendakari y Consejero de Empleo Mikel Torres, que revoque esta medida. Hace tiempo que LAB eligió llevar al centro de su acción sociosindical a todos y todas las trabajadoras situadas en los márgenes, y este tipo de medidas favorecen todo lo contrario. Se condenan a los márgenes a las personas que ya lo están, se las condena a la exclusión económica y social. LAB seguirá luchando por los derechos de todas las personas trabajadoras, denunciando medidas como la adoptada en Lanbide y luchando por políticas públicas que mejoren las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores.