El 1 de febrero el Parlamento Vasco, una vez más, rechazó la posibilidad de complementar de oficio las pensiones más bajas mediante la RGI. Es decir, que aquellas personas pensionistas que cumplan con los requisitos establecidos, perciban la prestación sin tener que tramitar la solicitud. En LAB defendemos que la RGI no es el método adecuado para complementar las pensiones, ya que son las políticas de empleo y de seguridad social las que tienen que asegurar condiciones para una jubilación digna. Sin embargo, mediante los sucesivos recortes previstos por el sistema de pensiones español, entendemos que es urgente que los y las pensionistas vascas salgan de la precariedad que se les impone.
En 2023 el número de personas perceptoras de la RGI ha aumentado resepecto a 2022, siendo que actualmente son más de 55 mil las personas que cobran esta prestación. Sin embargo, hace dos años la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN Euskadi) advirtió que podían ser 30 mil los y las pensionistas que, teniendo derecho a la prestación por encontrarse en situación de pobreza o en riesgo de pobreza, no la solicitaban; es decir, más de la mitad de las personas perceptoras de la RGI.
A estos datos hay que sumar que, entre quienes perciben una pensión inferior a 1.080 euros, más del 65% son mujeres. Sin embargo, según los datos de Lanbide, en noviembre de 2023 tan solo 14.179 pensionistas complementan sus pensiones con la RGI (8.628 mujeres y 5.551 hombres).
Son diversas las razones para que muchas personas pensionistas no accedan al complemento de la pensión. Entre ellas está la insuficiente información ofrecida por la administración sobre este derecho, la creciente digitalización y complejidad de su tramitación y los prejuicios aporófobos, xenófobos y racistas construidos en torno al sistema de protección e inclusión social, especialmente hacia la RGI. Prejuicios que son reforzados por la reforma de la ley sobre el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión, aprobada por el PNV y el PSE, y por el último reglamento de la RGI que entró en vigor el pasado enero.
En un contexto de endurecimiento de las condiciones de vida y de trabajo en Euskal Herria, rechazamos la decisión del Parlamento Vasco, contando con el voto del PNV, PSE y EP-IU, de negar la propuesta presentado por EH Bildu referente al pago de ofício de la RGI para los y las pensionistas que poseen este derecho. Decisión que no solo limita la efectividad de la RGI, sino que aumenta la vulnerabilidad impuesta a las personas mayores. Especialmente entre las mujeres que, a raíz de la brecha salarial que también se refleja en las pensiones, serán las más afectadas por esta decisión. Una decisión que prioriza el control del «gasto» sobre la protección de las personas y que repite la histórica intención del Gobierno Vasco de no querer combatir la pobreza, sino ocultarla.
No nos podemos olvidar que la última reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno español y los sindicatos patronales prevé que para 2024 la pensión mínima contributiva de jubilación para las mayores de 65 años será de 825 euros al mes, si no se tiene cóyunge a cargo, y de 1.033 euros si lo tiene. Mientras que la pensión mínima no contributiva, percibida en su mayoría por mujeres, será de escasos 517 euros mensuales. Un sistema de pensiones generador de pobreza y desigualdades, lo que conlleva que, a día de hoy, el Gobierno Vasco complemente las pensiones mediante instrumentos de inclusión social como la RGI.
En LAB entendemos que pensiones y salarios son derechos que no pueden disasociarse. Por ello, llevamos años reivindicando que la cuantía de la pensión mínima debe tener como referencia el SMI. Además, que esta cuantía debería ser de al menos 1.080 euros en 14 pagas, conforme plantea el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, siempre con la vista puesta en el objetivo de los 1.260 euros defendido por la mayoría sindical vasca y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.
La apuesta de LAB es garantizar un sistema público y propio de pensiones que garantice pensiones justas mediante condiciones de trabajo dignas. Un camino que construímos en el aquí y en el ahora, combinando la construcción de un nuevo estatus político para Euskal Herria con la reivindicación de derechos a partir de las competencias ya existentes. Por todo ello, rechazamos la decisión del Parlamento Vasco que, sistematicamente, viene ignorando las reivindicaciones presentadas por el conjunto de la clase trabajadora vasca y, en especial, del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.