Instamos al Gobierno de la CAV y al de Nafarroa a oponerse al proyecto
- A continuación, el documento al que ha tenido acceso LAB:
LAB ha tenido acceso a un borrador de convenio para delegar en las mutuas patronales la gestión de las enfermedades comunes. El borrador ha sido consensuado entre la Seguridad Social española y la asociación de mutuas patronales AMAT y traspasado a cada comunidad para su ejecución entre el departamento de salud correspondiente y las mutuas patronales. Está, pues, sobre las mesas del Gobierno de la CAV y del Gobierno de Nafarroa.
El secretario de Salud Laboral, Inko Iriarte, ha explicado que el documento refleja que el Sistema Público de Salud y, con ello, la mayor parte del servicio de salud de los trabajadores y trabajadoras y de la población pasaría a manos de las empresas. «Es, en consecuencia, el proceso de privatización más duro que hemos conocido», destaca.
Lo recogido en el acuerdo
Iriarte ha explicado que, según este acuerdo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de empresas que tengan contratados servicios con mutuas patronales, cuando estén de baja, quedarían a disposición de estas mutuas las contingencias comunes y las pruebas, tratamientos, intervenciones o rehabilitaciones relacionadas con las mismas. Añade que ello tendría como consecuencia, entre otras cosas, que las mutuas hicieran valer criterios productivos y economicistas y, en base a ellos, dar de alta a los y las trabajadoras cuanto antes, quedando la salud de los trabajadores en un segundo plano, a costa, además, de la seguridad social. La citada medida afectaría al 80-90% de la población activa.
Por otra parte, al dar la mutua la propuesta de alta, el acuerdo le otorgaría poder para fiscalizar al médico de Osakidetza o de Osasunbidea y exigir en el corto plazo de cinco días los informes técnicos necesarios, teniendo que ofrecer amplias explicaciones ante la mutua: “Esto cambia la lógica actual, y pone al médico del Sistema Público de Salud a las órdenes del médico de una empresa privada”. En esta situación, el denominado silencio administrativo actuaría a favor de las mutuas y pondría su disposición la carga de trabajo del Sistema Público de Salud, ha precisado Iriarte.
Si desde el primer día de incapacidad temporal la mutua propusiera un tratamiento, prueba o intervención y el médico de la sanidad pública no respondiera a tiempo, tendría permiso para realizar las intervenciones que quisiera, “siempre en beneficio de los intereses productivos de la empresa, para reducir la baja”.
Iriarte ha denunciado que el acuerdo incluye también la prueba piloto sin control público alguno, así como el acceso a los historiales clínicos.
Por último, el Secretario de Salud Laboral ha querido subrayar que en el caso de trastornos depresivos, tendinitis o problemas que afectan a los discos intervertebrales, habría que hacer un seguimiento cada 15 días y justificar que se siga de baja.
Otro paso hacia la privatización
En opinión del coordinador general de LAB, Igor Arroyo, hay un intento de privatizar el sistema sanitario público detrás de este documento presentado como convenio de colaboración: “Desde 1995 se ha dado cada vez más poder a las mutuas en el Estado español, con la ayuda de PNV y UPN. Esta vez la idea es que la Mutua Patronal se haga con el servicio de salud de la población activa, vaciando el Sistema Público de Salud. De ese modo, siguiendo la doctrina neoliberal, el planteamiento de los autores del documento es el siguiente: atención a través de mutuas patronales para aquellas personas productivas para el sistema, con el fin de conseguir su reincorporación lo antes posible; y para aquellas que no se consideran productivas, el sistema público de salud vaciado de recursos”.
En palabras de Arroyo, la excusa que se utiliza es aligerar las listas de espera del sistema público de salud: “Pero el camino para ello no es la privatización, sino todo lo contrario: invertir en el sector público. Las mutuas patronales viven a expensas de las cotizaciones de estos trabajadores y trabajadoras. Pues bien, destinemos esas cotizaciones al sistema público, publifiquemos las mutuas y completemos un sistema público sólido. Hay vías legales para ello, sólo hace falta voluntad política”.
Arroyo ha interpelado a los gobiernos de la CAV y de Nafarroa: «En primer lugar, pedimos a Urkullu y Chivite que den un no rotundo a este intento privatizador. Que asuman un compromiso claro de que la atención de las enfermedades comunes de estos trabajadores y trabajadorás no será encomendada a las mutuas patronales. En segundo lugar, que promuevan el rumbo contrario, para que las empresas concierten la atención de las enfermedades profesionales con la Seguridad Social y, en consecuencia, la gestión se lleve desde el sistema sanitario público. La mejor garantía para la salud de los trabajadores y trabajadoras es un sistema público potente”.
