LAB considera que los presupuestos deben ser analizados desde el punto de vista de la crisis ecosocial que vivimos y la conclusión es incuestionable: no responden al cambio de rumbo radical de las políticas públicas que demanda el contexto económico y social que vivimos.
La política neoliberal marcada por la aprobación hoy, 22 de diciembre, de la reforma de la RGI, tendrá continuidadmañanaenelParlamentoconlaaprobacióndelproyectopresupuestario. Solohabráunaúnica– que no pequeña- diferencia; pues mañana el Gobierno del PNV y PSE carecerá del apoyo que tendrá hoy y sacará en soledad los últimos presupuestos de la legislatura.
Como todos los años, defienden que los de este año son los presupuestos más sociales de la historia. En un contexto marcado por la crisis ecosocial, en el que la precarización y el encarecimiento de la vida son cada vez más intensos y se necesita una reordenación urgente de las tareas de cuidado, precisamente lo que pretenden el Lehendakari y sus socios de Gobierno es adormecer el debate político y normalizar la situación de excepción. No se puede entender de otra manera que el Gobierno haga un diagnóstico de crisis e incertidumbre y desarrolle la habitual política presupuestaria plagada de recortes.
En el incremento del 8,7% que menciona el Gobierno respecto a los presupuestos para 2022, el Sr. Aspiazu no dice que el gasto para 2022 ha superado las previsiones presupuestarias, por lo que el incremento respecto al gasto real es del 2,3%. Si a ello se le resta la carga financiera derivado de la deuda pública y los créditos de gestión destinados al TAV, el incremento nominal apenas es del 1%. Si se tiene en cuenta la inflación y la subida de los precios que esta provoca, el aumento de la inversión pública que se recoge en los presupuestos es prácticamente nula. En el momento en que está vigente la suspensión de las normas tributarias que permite aumentar el gasto público, LAB considera que esta situación es muy grave.
Al analizar los presupuestos, tan importante como analizar la distribución de los gastos es analizar los ingresos para completarlos y, por tanto, la política fiscal. El peso de la financiación de estos presupuestos recae principalmente sobre las y los trabajadores. Por un lado, el 53,5% de lo recaudado se hace a través de impuestos indirectos como el IVA, indicador del carácter regresivo de la política fiscal vasca. Por otro lado, la aportación de los impuestos directos es del 46%, de los cuales el 77% se recauda de rentas de trabajo. Mientras el Gobierno de Urkullu ejerce sus competencias para no imponer impuestos a Repsol y compañía, se puede afirmar que el 80% de la aportación al sistema tributario corresponde a la familias trabajadoras. De manera injusta, los presupuestos los financiamos las y los trabajadores de forma casi total y además, no son una herramienta eficaz para la redistribución de la riqueza. Eso es, exactamente, ser el Lehendakari de la Patronal.
El cambio de rumbo en la raíz de las políticas públicas es necesario, así lo reivindicamos en las movilizaciones del 19 de noviembre de la mano del Movimiento de Pensionistas y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. LAB reclama unos presupuestos que garanticen empleo, pensiones y servicios públicos dignos, que apuesten por el fortalecimiento real de los servicios públicos, que amplíen la protección social y garanticen las
necesidades básicas (energía, vivienda, cuidado), que garanticen unos ingresos dignos -complementando las pensiones a 1.260 euros- y que redistribuyan la riqueza, entre otras cuestiones. Para ello, es urgente y necesaria una progresiva reforma fiscal de fondo.
Si queremos construir vidas dignas, hay que dar pasos en la dirección de una transición ecosocialista y feminista. Los presupuestos pueden ser el instrumento para construir esa transición, pero desgraciadamente, los presupuestos presentados para la CAV perpetúan un modelo de sociedad cada vez más injusto e inviable.
Los presupuestos de PNV y PSE serán financiados casi en su totalidad por las y los trabajadores y no servirán para reforzar los servicios públicos ni para garantizar unas vidas dignas
