La plantilla de jardinería de Arrasate ha denunciado la falta de voluntad de la empresa Prezero

Las y los trabajadoras de sectores privatizados de cuidados son trabajadoras publicas. Prestan un servicio publico cuya responsabilidad y titularidad corresponde a las administraciones...

Hoy se ha reunido en Madrid la Mesa General de las Administraciones Públicas del Estado español, en la que se ha reconocido por primera vez a LAB nuestro derecho a participar en ella. Extraemos las siguientes conclusiones: • Como ya sabíamos, sólo ha servido para afirmar que esa mesa de negociación está muy alejada de las necesidades de las y los trabajadores y de los servicios públicos de Euskal Herria. • El acuerdo que se nos quiere vender como logro es estéril porque tiene que recorrer un camino legal que no se ha aclarado y que se puede alargar mucho en el tiempo. Además, este titular esconde un perjuicio inadmisible, el retraso de la edad de jubilación obligatoria de 70 a 72 años. En opinión de LAB, el cambio legislativo debería consistir precisamente en dar competencias a las leyes de empleo público de la CAV y Nafarroa Garaia. • Por ello, reclamamos a los sindicatos con representación en la Mesa de la Administración Pública de Madrid y a los partidos con representación en el Congreso, que trabajen en función de su coherencia y capacidad de influencia para trasladar a Euskal Herria la competencia de negociación de las necesidades de sus servicios públicos y las condiciones laborales de su personal. Es decir, para reconocer en la práctica a las administraciones e instituciones de Hegoalde las competencias legislativas en materia de jubilación, y dejar las negociaciones en manos de las Mesas Generales de la CAV y Nafarroa Garaia para tener aquí la capacidad de decisión. • En este sentido, exigimos al Gobierno Vasco y al de Nafarroa que convoquen cuanto antes las correspondientes Mesas Generales para abordar con honestidad esta cuestión. Sin esperar a los pasos que se den en Madrid, podemos negociar medidas para implantarlas aquí, eso sí, siempre que haya voluntad.

Tras un sinfín de luchas y 20 largos años de trabajo, tenemos un convenio que da pasos adelante en el reconocimiento y mejora de las condiciones laborales del personal de educadores y educadoras de educación especial.