El fin de las restricciones frente al COVID-19 y el comienzo de la temporada de verano están contribuyendo a la reactivación de la economía y al aumento de la contratación laboral, lo que ha permitido encadenar tres meses consecutivos de caída del paro registrado en Hego Euskal Herria.
A pesar ello, oficialmente todavía hay 158.625 personas en situación de paro, y en dos de cada tres casos no reciben ningún tipo de prestación por desempleo.
El escaso nivel de cobertura que proporciona el sistema estatal de protección está motivado por la propia debilidad del sistema y su falta de adaptación a la realidad de un mercado laboral tan precario como el nuestro. Además, la pandemia ha disparado las cifras de paro de larga duración, situación en la que se encuentran más de la mitad de las personas desempleadas.
Todo esto tiene lugar en un contexto marcado por el retraso premeditado en derogar la reforma laboral y por la congelación del SMI, una decisión que supone un castigo añadido para quienes cobran los salarios más bajos. Ambos asuntos son un claro ejemplo de las resistencias y las contradicciones que anidan en la coalición de gobierno a la hora de cumplir sus propios compromisos.
A esta situación se suma ahora el nuevo acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT. Dicho pacto viene a consolidar los duros recortes aprobados por el PSOE en la reforma de 2011, y además abre la puerta a un nuevo sablazo al sistema público de pensiones.
El camino recorrido apunta en dirección contraria a los intereses de la clase trabajadora y a las reivindicaciones del movimiento de pensionistas, lo que nos obliga a dar una respuesta contundente para impedir que en otoño se materialice el anunciado ataque a las pensiones.