Las trabajadoras de la residencia de Cáseda están viviendo una situación verdaderamente alarmante. Siguen sin cobrar la nómina de febrero. El caso de esta residencia representa con claridad la lógica de negocio que impera en la residencias navarras. El Gobierno de Navarra defiende la actual colaboración pública-privada en la gestión de las residencias, un modelo que posibilita este tipo de prácticas, que sitúa la avaricia empresarial por encima de la salud de las personas mayores y por encima de las condiciones laborales de las trabajadoras. De esta forma, cuando llega el momento de negociar el convenio colectivo para dignificar el servicio y la situación de las trabajadoras, huyen, abandonan a las personas usuarias y a las trabajadoras a su suerte, con el único fin de garantizar sus beneficios.
Desde el sindicato LAB exigimos al Gobierno una reflexión urgente: o mira al futuro y contribuye a la dignificación de las condiciones de las miles de trabajadoras de este sector, o sigue apostando por un modelo que ya sabemos qué consecuencias tiene, que pone en riesgo la vida de las personas mayores y condena a la precariedad a miles de mujeres trabajadoras. Y animamos a la sociedad navarra a movilizarse para poner fin a estos abusos y transformar el actual modelo, mirando al futuro, situando en el centro la vida de las personas mayores y las condiciones laborales de las trabajadoras.
En verano de 2020 se retomó la negociación del convenio de empresa, cuya vigencia finalizó en el año 2014. Pues bien, tras varias sesiones de negociación y vista la falta de voluntad por parte de la empresa para dignificar, las trabajadoras decidieron plantarse. La situación económica es favorable, sus peticiones sontotalmente asumibles y están hartas de que lasninguneen. Quienes pretenden hacer negocio en las residencias navarras no asumen su responsabilidad.
Por el contrario, cuando la residencia se encontraba en una situación difícil, las trabajadores la asumieron: una bajada salarial de 50 euros para garantizar el servicio a las personas usuarias. Los que han huido se negaban en las negociaciones a que las trabajadoras recuperasen ese dinero. Mientras, mantenían sus altos cargos y salarios. Hablamos de una residencia de 50 personas usuarias y 24 personas trabajadoras, ¿es normal que para la gestión de una residencia tan pequeña, haya una directora, un gerente y una gobernanta?
Tras denunciar esta situación, el gerente, que es quien acudía a las negociaciones por parte de la empresa, se fue de la misma de una manera un tanto curiosa, de un día para otro, con un nuevo puesto de trabajo como gerente en la empresa Orpea gestora de una residencia de Logroño. Y mes y medio después de que el gerente abandonara la empresa, la gobernanta comunicaba al ayuntamiento que en el plazo de 15 días dejaba la gestión de la residencia.
Lo curioso y alarmante es que por parte del ayuntamiento se les haya permitido huir de esta manera, sin justificar motivos de carácter de urgencia para hacerlo, sin reclamarles ni siquiera los salarios de las trabajadoras del mes de febrero. Para sustituirlos, han realizado un proceso de adjudicación de la gestión de la residencia a otra empresa utilizando un proceder que plantea muchas dudas en cuanto a plazos, formas y adjudicación del servicio a una empresa que a día de hoy está sin constituir.
Como consecuencia de ello, la situación es que las trabajadoras aún no han cobrado, como se ha dicho, la nómina de febrero, hay falta de alimentos, amenazan con cortar la luz porque no la pagan, los proveedores se quejan porque tampoco cobran… Capitalismo puro y duro.
Al contrario de lo que esta ocurriendo, y de ahí su gravedad, la situación debiera ser otra completamente distinta a la existente. Actualmente la residencia cuenta, gracias a una gran inversión del ayuntamiento (dinero público), con una planta nueva que dio posibilidad a incrementar las plazas, plazas que actualmente están cubiertas en su totalidad y hay gente en listas de espera. Sin embargo, la residencia no cuenta con plazas concertadas “porque les sale más rentable que sean privadas”, pese a tener obligación de tenerlas por estar establecido así en el contrato con el ayuntamiento. Una lógica de negocio que se resume a la perfección de la siguiente manera: el gobierno propicia, las empresas se benefician, y pagan las consecuencias personas mayores y trabajadoras.
¿Por qué han huido gerente y directora? ¿Qué esconden? ¿Por qué el ayuntamiento ha permitido que huyan sin pagar los salarios de febrero, las facturas pendientes, sin pagar ningún tipo de sanción por abandono? ¿Cómo es posible que una nueva empresa se responsabilice de una situación así, asuma los impagos y salariosde las trabajadoras? ¿Qué hay detrás de todo esto?
A nuestro parecer, era el momento de plantear desde el ayuntamiento una gestión directa de este servicio. Sólo si la gestión es pública, la calidad del servicio y las condiciones laborales de las trabajadoras están por encima de todo. Mantener la colaboración público–privada que ha ocasionado este desastre es responsabilidad del ayuntamiento y el Gobierno que apuestan por este modelo. Un modelo de gestión, un chollo para los de siempre, una gestión de empresa en la que sus beneficios estarán por encima de todo.
Este es el reto, la oportunidad, que como sociedad tenemos para empezar a cambiar las cosas, conseguir un modelo público que ponga en el centro nuestras vidas.