El 5 de noviembre del pasado año la consejera Induráin anunció que la Dirección General de Salud presentaría antes del final de 2020 un análisis de la situación y «un plan de acción inmediato» que contaría con una consulta y una «amplia participación”. Nada de lo prometido se ha llevado a cabo, y la actitud de la Gerencia de AP dista mucho del consenso y participación con plantilla y ciudadanía.
Desde el sindicato LAB queremos denunciar una vez más la actitud de la Dirección de Atención Primaria, ya que en ningún momento ha mostrado una actitud favorable a solucionar las graves deficiencias que han salido a la luz durante la pandemia pero que llevan arrastrándose de forma endémica desde hace lustros.
En los Presupuestos Generales de Navarra se recoge que la Atención Primaria es «una línea prioritaria», con el 15,54 % del total de presupuesto. En LAB consideramos que eso es positivo, aunque insuficiente. Además, mostramos nuestro total rechazo a que ese presupuesto sea utilizado para intentar parchear la castigada AP mediante el pago de productividades.
El pasado 26 de febrero la Comisión de Personal de Osasunbidea se reunió con la Dirección de AP, y ahí nos constaron lo siguiente:
- Inacción ante las graves carencias estructurales que arrastra el ámbito.
Digan lo que digan, el supuesto aumento de partida para AP ha sido asignado a las Urgencias Extrahospitalarias, las cuales han parcheado la atención que debería haberse realizado desde los centros de salud. Han apostado por la centralización de la asistencia en ese servicio, frente al refuerzo centro a centro. No han optado por invertir en más recursos materiales (infraestructuras, instalaciones, medios técnicos) y humanos en los centros de salud, porque realmente parece que no interesa. Frente a una acción barrio a barrio y pueblo a pueblo, han preferido centralizar la inversión, con las siguientes consecuencias: gasto desproporcionado en horas extras (productividad), organización del trabajo y contratación sin ningún tipo de criterio (rastreadores de distintos niveles y con diferentes salarios, pero mismas funciones), condiciones laborales calamitosas. - Improvisación ante los nuevos escenarios generados por el covid: vacunación.
Ante la pregunta de cómo se iban a organizar los equipos de vacunación, no recibimos respuesta concreta alguna. No parece que tengan preparada una estrategia organizativa clara de vacunación desde los centros de salud. - Continuismo en las medidas de recorte: atención telemática frente a presencial y negación a reforzar la plantilla.
Apuestan por mantener la consulta telemática frente a la presencial; por alejar cada vez más a los profesionales de los pacientes; por dificultar la comunicación. Prefieren plegarse a los intereses de empresas privadas de telecomunicaciones a pesar de la brecha que eso está ya generando en la asistencia. Y es que los características culturales, socio-económicas o de edad imposibilitan una asistencia de calidad a los sectores más vulnerables de la población: ancianos, migrantes, y trabajadores precarizados entre otros.
Estas son las conclusiones, en definitiva, que se obtienen de la reunión con la Dirección de AP. No van a reforzar las plantillas, ni con más profesionales de las categorías ya existentes (medicina, enfermería, trabajo social, administrativa), ni con otras nuevas (psicología, fisioterapia o TCAE, esta última recientemente integrada en los equipos pero cuestionada por la Dirección).
Desde LAB denunciamos esta línea de gestión elegida por la Consejera de Salud, y por lo tanto por el Gobierno de PSN, Geroa Bai y Podemos. Exigimos su inmediata corrección, y que los objetivos de mejora de la salud de la población se antepongan a los intereses privados, tanto de lobis económicos como de organizaciones corporativas.
LAB ha presentado sendas iniciativas para la reforma de la Atención Primaria (Hazia) y para el dimensionamiento de las plantillas teniendo en cuenta los cuidados a través de una ley de ratios (LOREA). No vamos a defender, de ninguna de las maneras, que la falta de contratación sea sustituida por el pago de productividades (15 millones de euros el año pasado) para una minoría de la plantilla.