Nos hemos movilizado ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbo, reivindicando ratios dignos en residencias de mayores. Hemos valorado el decreto de Lakua, al tiempo que hemos reivindicado un cuidado digno. Asimismo, hemos realizado un llamamiento a participar en la Huelga General del 30 de enero.
El sistema capitalista heteropatriarcal relega las actividades que realizamos las mujeres a un segundo plano. Por eso, a día de hoy sigue habiendo una notable diferencia en el valor que se otorga a un trabajo o a otro en función de si quien quien lo realiza es hombre o mujer, dotando a estos trabajos, además, de un reconocimiento social distinto. Éste es el caso de los cuidados.
Nuestro empleo como cuidadoras no está valorado ni reconocido, ni siquiera igual remunerado que otros trabajos similares masculinizados, y por esa misma razón, nuestras condiciones laborales y nuestras cargas de trabajo resultan insostenibles.
Limpiar, cocinar, cuidar, alimentar… son los trabajos menos reconocidos, pero a su vez, los más necesarios para la supervivencia y el bienestar de las personas. Son trabajos esenciales y estructurales para la sostenibilidad de la vida que han sido mercantilizados y convertidos en empleos mal pagados y en malas condiciones, al considerarse como secundarios y complementarios. Son trabajos que se han invisibilizado, privatizado, precarizado y feminizado, despojándoles de todo el valor social que tienen, e ignorando que resultan imprescindibles para la reproducción social.
Los centros residenciales para personas mayores constituyen un recurso para personas dependientes con derecho a un conjunto de prestaciones, dadas las limitaciones que tienen para hacer frente a las actividades básicas de la vida diaria. El número de profesionales y el tiempo dedicado a las personas usuarias, determinan el grado de cumplimiento con los derechos de las personas usuarias y de las personas trabajadoras.
La situación de deterioro en los Centros residenciales de la tercera edad es alarmante, tanto en el plano laboral como asistencial. La deficiente calidad en la atención, recae en las precarias condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. Las instituciones públicas han optado por un modelo de cuidados asistencialista y privado haciendo que todas estas tareas recaigan, una vez más, sobre las mujeres convirtiendo esta fundamental necesidad en un suculento negocio para importantes empresas. Ello, a cargo de dinero público, a costa de las precarias condiciones de las trabajadoras y de una mala calidad en los servicios.
Desde el Sindicato LAB, llevamos denunciando esta situación estructural desde hace años, destapando que la brecha salarial que se nos impone no es una casualidad, la falta de responsabilidad social sobre los trabajos de cuidados y su injusto reparto, la falta de derechos laborales de las trabajadoras de hogar, la división sexual del trabajo, los recortes en los servicios sociales, que nos “obligan” a cuidar, las peores condiciones en el empleo que tenemos las mujeres. Hemos convocado, junto al movimiento feminista, dos huelgas feministas. Cabe recordar también, que recogimos más de 14.000 firmas que avalaban la necesidad de una regulación adecuada para el conjunto de los servicios sociales en la que se incluyeran unas ratios de atención suficientes en número, por categorías y de carácter presencial, asegurando una organización de los servicios adecuada a las necesidades de las personas usuarias y a los derechos laborales de las personas trabajadoras, garantizando la promoción de la salud laboral.
En ese sentido, el Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco en el 2016 a actualizar los decretos que regulan las prestaciones y servicios sociales, donde se regulan los ratios y otras cuestiones inherentes al personal. E instó a que en dicha elaboración se contase con la participación técnica de los representantes de las personas usuarias y del personal laboral así como a garantizar unos servicios públicos de calidad y unas condiciones de trabajo dignas para las personas trabajadoras.
Sin embargo, el Gobierno Vasco aprobó un decreto para centros residenciales de la tercera edad hace cinco meses sin la participación de las personas trabajadoras ni de las personas usuarias. Tampoco tuvo en cuenta las alegaciones que se presentaron. Las ratios de atención fijadas en el decreto, no suponen ningún aumento de personal y no establece una ratio de carácter presencial, por categorías y que tenga en cuenta los verdaderos perfiles de las personas usuarias. El propio informe jurídico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, advertía de la falta de justificación y objetivación para el establecimiento de las ratios fijadas.
Estos ratios de atención impuestos impiden el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias y de las personas trabajadoras y condenan a éstas a estar expuestas a graves riesgos laborales por los altos ritmos y cargas de trabajo.
Los centros residenciales de la tercera edad son un ámbito de conflicto intenso y permanente entre quienes reciben y prestan el servicio, y entre quienes lo gestionan y son titulares. El propio Parlamento Vasco ha vuelto a instar al Gobierno Vasco a que modifique el decreto para proporcionar una atención adecuada, y entre otras cuestiones, establezca unas ratios de atención adecuadas.
Desde el Sindicato LAB exigimos al Gobierno Vasco que garantice los derechos de las personas usuarias a recibir una intervención centrada en las personas y a garantizar los derechos de las personas trabajadoras en unas óptimas condiciones laborales, exentas de cualquier riesgo laboral y factor de precariedad. Ello como base para garantizar un servicio integral y de calidad.
A su vez, y teniendo en cuenta la infinidad de expresiones y visualizaciones que se manifiestan como consecuencia del conflicto permanente existente en los centros residenciales de la tercera edad, desde el Sindicato LAB, consideramos necesario aunar fuerzas entre personas trabajadoras y personas usuarias, confluyendo en una dinámica de interpelación y movilización conjunta y creando un marco de colaboración al objeto de fortalecer el conjunto de dinámicas y luchas.
En ese sentido, hemos mantenido encuentros con asociaciones de familiares de Gipuzkoa y Bizkaia y nos han mostrado su interés y disposición a tomar parte en esta dinámica. En las próximas semanas trasladaremos la misma reflexión al conjunto de sindicatos con representación en el sector.
Solo desde nuestra capacidad de lucha como mujeres trabajadoras y usuarias lograremos unos servicios de calidad y unas condiciones laborales garantes de nuestro derecho a la salud y exentas de cualquier factor de precariedad.
El 30 de enero saldremos a la calle para luchar contra la precariedad a la que nos quieren condenar y daremos un nuevo impulso a las reivindicaciones que revolucionarán la situación de las mujeres trabajadoras.