Los agentes sindicales y sociales que conformamos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria nos hemos concentrado ante el Parlamento de Gasteiz para pedir que se retire la proposición de ley presentada por el PNV y el PSE para recortar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Hemos escenificado el espíritu de esos dos partidos, en cuyas manos los derechos son piezas de dominó. Se trata de la primera de las protestas previstas para las próximas semanas dentro de la dinámica cuyo hito será la huelga general anunciada para la segunda quincena de enero de 2020 en defensa de un trabajo, unas pensiones y una vida dignas.
A convocatoria de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, los agentes que conformamos la Carta nos hemos movilizado ante el Parlamento de Gasteiz para denunciar los recortes contemplados en la “Proposición de Ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social” elaborados por los grupos políticos PNV y PSE, proyecto de ley para cuya tramitación parlamentaria ambos partidos han contado con el apoyo del PP.
Concretamente, nos hemos movilizamos ante el Parlamento de Gasteiz para exigir la retirada de la Reforma de la RGI. Por desgracia, no es la primera vez que asistimos a este tipo de recortes al sistema de prestaciones sociales: reducción del número de RGI por vivienda a 2; ampliación del requisito de empadronamiento de 1 a 3 años; recorte del importe de la RGI en un 7% desde el año 2012; eliminación, vía presupuestaria, de la vinculación de la RGI al SMI en los últimos 7 años…
Ahora, de nuevo, la proposición elaborada por los partidos que conforman el Gobierno de Gasteiz endurece los requisitos de acceso y recorta derechos, a través de:
• La implantación de una única RGI por vivienda, considerando a todas las personas que viven en el mismo domicilio como miembros de la misma unidad de convivencia, por más que no existan relaciones familiares.
• El Gobierno de Gasteiz desprecia la cruda realidad, que es la que obliga a distintas unidades de convivencia a compartir piso porque son personas o familias con escasos recursos económicos e incapaces de afrontar, de forma independiente, los altos precios de alquileres e hipotecas.
• La desvinculación de la cuantía de la RGI al Salario Mínimo Interprofesional, que le garantizaba un suelo y le ligaba a la realidad laboral.
• Por otro lado, el aumento de las medidas de control amplía la sospecha permanente sobre la gente pobre, criminalizando a las familias perceptoras de las prestaciones sociales.
• Desde un punto de vista feminista,
no solo no se amplía el concepto de violencia machista, sino que se utiliza el término “maltrato en el ámbito familiar”. La introducción de este nuevo concepto conllevará que muchas mujeres que sufren violencia machista dejarán de percibir la RGI o no podrán acceder a la misma.
• Se vacía de contenido la violencia estructural que enfrentamos las mujeres y siguiendo la línea del concepto de “violencia intrafamiliar” defendido por la derecha más rancia, encabezada por VOX. Una vez más, las propues- tas planteadas socavan los derechos de las mujeres, por más que el actual gobierno se vanaglorie de mantener un enfoque de género en todas sus políticas.
Ante esta realidad de recortes nuevamente ponemos en valor la Iniciativa Legislativa Popular rmada por más de 51.000 personas que fue rechazada por la Cámara vasca con el apoyo de PNV, PSE y PP y que suponía una enmienda de totalidad a la propuesta de Reforma de la RGI elaborada por PNV y PSE. ILP que planteaba revertir los recortes que ha venido sufriendo esta prestación; a la par que apostaba por aumentar las cuantías y ampliar los derechos sociales.
Una vez más el Gobierno Vasco desaprovecha la ocasión de presentar las bases de una Ley que sea capaz de acabar con la pobreza.
• No le importa que 70.348 personas vivan en situación de pobreza a pesar de percibir la RGI o que 60.617 personas pobres no puedan acceder a la RGI. Afectando las situaciones de pobreza grave al 6’1% de la población.
•En unos momentos donde el riesgo de pobreza afecta ya 172.307 personas, lo que supone un 8% de la población; y un incremento del 14% desde 2016 y de un 41,4% desde 2008.
•Cuando las dificultades para llegar a fin de mes alcanzan a 484.571 personas, un 22,7% de la población. Esta cifra representa un aumento del 22,9% en los últimos dos años y un 37,4% en la última década.
Asimismo, queremos hacer hincapié que el sistema de protección social es una herramienta para cohesión social y dentro de este, la RGI, una pieza fundamental para que miles de personas puedan acceder a unas condiciones de vida más dignas. Sin un sistema de protección social y sin un trabajo y unas pensiones dignas, nuestra sociedad no será dueña de su futuro.
Mediante la iniciativa realizada esta mañana exigimos al PNV y al PSE la retirada de esta propuesta de reforma de RGI ante la actual realidad de agravamiento de las situaciones de precariedad y desigualdad; y a diferencia de lo que ocurre actualmente, ninguna persona en riesgo de pobreza se quede sin acceder a la RGI y que ninguna persona perceptora de RGI, siga siendo pobre.
Por último, queremos instar a las institucio- nes vascas a trabajar por un marco propio de relaciones laborales y protección social.