2024-12-20
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Hemos rechazado ante el ayuntamiento de Bilbo la utilización política de la Policía Municipal

Hace tiempo que venimos denunciando la deriva que está tomando el alcalde de Bilbo, la concejala de Seguridad y la Dirección de Seguridad en la utilización de la Policía Municipal. Con el Pacto por la Seguridad, que se aprobó en pleno por unanimidad, se implementaba una policía de proximidad, garante de los derechos de la ciudadanía. En ningún momento se mencionaba la creación de una unidad antidistrurbios ni de la utilización de la Policía Municipal para actuaciones de “orden público”. Así, hemos pasado del diseño de una policía de proximidad a la ciudadanía al de una Policía Municipal de utilización política y con una unidad antidisturbios camuflada.

Queremos interpelar:

-Al alcalde-concejala de Seguridad para que rectifiquen y volvamos al modelo de Policía Municipal que se diseñó para el Pacto por la Seguridad.

-A los partidos políticos que suscribieron el citado Pacto para que lo defiendan tal y como se pactó y reclamen al alcalde rectificación, desaparición de todo el material antidisturbios y de toda instrucción referente al “orden público”, porque no es competencia de la Policía Municipal.

-A los sindicatos ELA-SVPE-CCOO que han pedido de manera insistente la compra de este material, la implantación de cursos de formación en tácticas de intervención, para que rectifiquen y dejen de alentar en la Policía Municipal un modelo represivo, antidemocrático y alejado de la ciudadanía.
 

 

 

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El acuerdo de jubilación parcial firmado en Madrid es estéril y niega a las y los trabajadores de Euskal Herria la negociación colectiva

Hoy se ha reunido en Madrid la Mesa General de las Administraciones Públicas del Estado español, en la que se ha reconocido por primera vez a LAB nuestro derecho a participar en ella. Extraemos las siguientes conclusiones: • Como ya sabíamos, sólo ha servido para afirmar que esa mesa de negociación está muy alejada de las necesidades de las y los trabajadores y de los servicios públicos de Euskal Herria. • El acuerdo que se nos quiere vender como logro es estéril porque tiene que recorrer un camino legal que no se ha aclarado y que se puede alargar mucho en el tiempo. Además, este titular esconde un perjuicio inadmisible, el retraso de la edad de jubilación obligatoria de 70 a 72 años. En opinión de LAB, el cambio legislativo debería consistir precisamente en dar competencias a las leyes de empleo público de la CAV y Nafarroa Garaia. • Por ello, reclamamos a los sindicatos con representación en la Mesa de la Administración Pública de Madrid y a los partidos con representación en el Congreso, que trabajen en función de su coherencia y capacidad de influencia para trasladar a Euskal Herria la competencia de negociación de las necesidades de sus servicios públicos y las condiciones laborales de su personal. Es decir, para reconocer en la práctica a las administraciones e instituciones de Hegoalde las competencias legislativas en materia de jubilación, y dejar las negociaciones en manos de las Mesas Generales de la CAV y Nafarroa Garaia para tener aquí la capacidad de decisión. • En este sentido, exigimos al Gobierno Vasco y al de Nafarroa que convoquen cuanto antes las correspondientes Mesas Generales para abordar con honestidad esta cuestión. Sin esperar a los pasos que se den en Madrid, podemos negociar medidas para implantarlas aquí, eso sí, siempre que haya voluntad.